La próxima semana se elegirá a la junta directiva y tribunal de honor 2023-2025 del Colegio de Abogados. En este contexto, debo mencionar que, de todos los gremios profesionales, este es quizás el más importante, debido a que participan en decisiones políticas que se vinculan a las actividades propias del ordenamiento jurídico guatemalteco.

Se ha convertido en la normalidad nacional enfrentarnos a episodios donde se revelan las malas prácticas de ciertos abogados, los cuales se prestan para todo tipo de fraudes y estafas, por lo que existe una profunda necesidad de reformar todos los ámbitos conectados con el entorno jurídico y la profesión de la abogacía.

El ejercicio de este oficio cobra importancia no solo en el ámbito de la cosa pública, sino también en lo privado, donde muchos inescrupulosos han usado esta “profesión” como un pasaporte para estafar, chantajear, falsificar y mentir “legalmente”. Es bien sabido que, con sus malas prácticas, han amasado grandes fortunas impunemente. Por este tipo de situaciones, ese gremio y la figura del abogado se han desprestigiado, percepción que también se debe, en gran medida, al mal funcionamiento del poder Judicial y de todo el sistema de impartición de justicia en Guatemala.

Por lo tanto, el papel del presidente del Cang en la vida política nacional es relevante, porque debe buscar el equilibrio entre los intereses gremiales y los nacionales, velar por el fortalecimiento de las instituciones, el estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. De igual manera, el Tribunal de Honor tiene el reto de conocer los casos de abogados que ejercen malas prácticas, para inhabilitarlos. Este tribunal debe abrir un canal para que cualquier ciudadano que haya sido estafado por un jurista pueda denunciarlo, ya que un abogado corrupto daña la imagen de todo el gremio.

La dirección del Colegio, por consiguiente, debe impulsar una dinámica de participación de sus agremiados, además de velar por que los profesionales manejen valores éticos, tanto en lo privado como en puestos públicos. Para dirigir un gremio tan importante se requiere manejo de valores positivos, amplitud de criterio, búsqueda de consensos e intereses colectivos, superar las diferencias generacionales, dándoles su lugar a los profesionales teóricos y experimentados, pero también promoviendo la participación de los jóvenes con potencial de aportar nuevas ideas.

Urge que el Colegio de Abogados promueva la modernización de las leyes, un ordenamiento jurídico de carácter nacional que concilie el Derecho Consuetudinario y el Derecho Indígena. Que las leyes obsoletas del siglo pasado sean ajustadas a las nuevas necesidades y realidades de la sociedad, procurando la pronta y expedita aplicación de la justicia, la oralidad y la prontitud en los procesos, fomentando en el Estado y la sociedad un régimen de legalidad y justicia.

Existe una profunda necesidad de reformar todos los ámbitos conectados con el entorno jurídico, la profesión de la abogacía, el uso de la fe pública y el quehacer de la profesión. Es necesario construir una nueva imagen de esa digna profesión, exigiendo al Cang el control, investigación y expulsión de malos abogados.

Es increíble que abogados honorables hayan dejado en manos de sus colegas inescrupulosos y corruptos todos los espacios de la vida política y la toma de las decisiones gremiales, por lo que es necesario regresar a una activa participación para hacer un frente común contra estos malos abogados, que están destruyendo la imagen de una profesión tan hermosa y noble como es la abogacía. Por ello es necesario que este 15 de febrero todos acudan a emitir su voto.