Haber escogido —ojo: no electo— a Consuelo Porras para reinar otros cuatro años en el Ministerio Público es la más reciente causa de desprestigio a la participación de la mujer. Quienes lo hacen, en demasiados casos tienen un accionar tan incorrecto o ilegal como el de los varones corruptos. Esto último no solo consiste en robo, sino incluye factores distintos pero igualmente malos para el país. Como ya se sabía desde el momento de haberla colocado en la lista gracias a presiones directas del oficialismo, es un descaro total y de burla a la participación de otros candidatos y la pérdida de tiempo de oírlos exponer sus planes. Alejandro Giammattei quedó en ridículo, otra vez. Debió haberlo anunciado al momento de su victoria al incluirla en el listado.

Pero hay otros casos igualmente absurdos. La jueza Anaelsee Ramírez aplicó por supina ignorancia la Ley contra el femicidio contra tres periodistas por publicar la contratación de la hija de Dina Ochoa —innombrable cabeza de la Corte de Constitucionalidad (CC)— en el Tribunal Supremo Electoral. Ignora la pobre señora un hecho elemental: es tema relacionado con la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional, y por tanto no puede restringirlo ninguna disposición jurídica o gubernamental. Quienes le ordenaron dictar ese fallo lo hicieron extensivo al grupo familiar de la beneficiada, es decir, a la madre, para de esa forma censurar informaciones o comentarios sobre la tan válidamente cuestionada CC. Otra acción nula por una ley superior.

La Ley contra el femicidio no tiene aplicación posible cuando se trata de funcionarias públicas, porque los cargos no tienen sexo, al aplicarle a toda persona, ni son discriminatorios. Por tanto, la CC no tiene alternativa: rechazar in limine —desde el comienzo— semejante decisión, similar a las solicitadas por Sandra Torres, Sandra Joviel, Roxana Baldetti y Alejandra Carrillo. Todas caracterizadas por sus intentos o sus logros en burlar las leyes y no obedecerlas, o beneficiarse de dictámenes de jueces a quienes la señora Porras debería expulsar, si desea cumplir con sus promesas del Palacio Nacional de la Cultura, lugar utilizado para afianzar el apoyo del contubernio Ejecutivo-Ministerio Público, con todo lo negativo que conlleva esa falta de independencia.

Zury Ríos también se agrega alegremente. Insiste en ser candidata y anda en campaña. La convención de su “partido” tampoco es legal. Y ahora, la por lo visto inocente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio respuesta a una “solución amistosa” (¿?) solicitada hace cinco meses por ella y Roberto Molina Barreto, hoy conveniente expresidente de la CC. La CIDH señala la violación de los derechos de ambos, pero olvida la inutilidad de tal dictamen, sospechoso porque llegar casualmente cuando ella ya se manifiesta como receptora de la bendición giamma-miguelitesca. Esta tampoco le llegará a Sandra Torres sino a un gallo tapado, acompañante asiduo, afín a Serrano Elías.

Sus conexiones gubernativas y con el TSE le permiten a Zury Ríos Sosa lograr un cambio en la ley. Este instrumento no viola ningún derecho de nadie: regula. Al señalar la CIDH como motivo de su fallo la participación de Luis Ernesto Sosa Ávila, su tío, y también de Jacobo Árbenz Villanova –yerro o mala fe— considera a los errores fuente de Derecho. Penosa ignorancia. La mayoría de la población, menor de 40 años, no puede aspirar a la presidencia y nadie considera violados sus derechos por ello. Se deben señalar los perniciosos efectos para interesar a las mujeres sobre todo jóvenes a participar, porque quienes lo hacen actúan ilegalmente, con el adicional y absurdo convencimiento de quedar impunes porque no podrán conocerse sus acciones.