No hay unanimidad en los expositores católicos cuando enseñan el papel de la propiedad privada en la economía. Las variaciones dependen de la primacía que cada uno otorgue a la libertad y a la ética de las personas en el intercambio social o la confianza que otorgue al estado para rectificar las falencias de la libertad personal en el intercambio social. A menor confianza en la libertad personal, mayor intervención del estado, olvidando que también personas falibles hacen funcionar el aparato estatal.

El principio fundamental de la Iglesia en ética económica es que los bienes de la creación desde el aire y el agua hasta la tierra y las riquezas del subsuelo fueron destinados por Dios para el sustento de toda la humanidad. Pero es ajena a la doctrina de la Iglesia la idea de que, en consecuencia, debe haber una entidad responsable de repartirlos para asegurarse que a cada uno le toque su porción o que, por otra parte, haya naciones, grupos o personas con privilegios para acaparar recursos en detrimento de otros. La Iglesia enseña como principio básico de ética económica que toda persona, individual o asociadamente, debe gozar de la libertad y de la oportunidad para obtener su porción de bienes necesarios a través del trabajo.

Ese es el instrumento por medio por el cual las personas acceden a la porción que cada uno y su familia necesita para la vida. Trabajando las personas elaboran y desarrollan los bienes que se encuentran crudos en la creación, le añaden el valor de su esfuerzo e inventiva. También por medio de las ideas las personas crean realidades intelectuales inexistentes en el mundo físico, pero que ayudan al desarrollo de las realidades materiales. Por medio del trabajo, las personas adquieren título de dominio sobre una porción de los bienes de la creación necesarios para su vida, es decir, adquieren propiedad. La propiedad privada es el derecho de dominio de una persona sobre su porción de los bienes naturales y de los producidos por la humanidad. Ese dominio sobre los bienes le permite alimentarse, intercambiarlos por otros, legarlos a sus descendientes. El trabajo es la forma de asignación de los bienes de la creación y que otorga el derecho a llamarlos propios. Por eso el derecho al trabajo es sagrado e inalienable.

Si no existiera la propiedad privada, no sería delito moral el robo, el fraude o la corrupción. La rapiña sería la ley o surgiría un estado que se proclamaría dueño de los bienes para asignarlos según su arbitrio y acabar repartiendo pobreza. Pero si se creyera que el derecho a la propiedad privada es principio supremo que desactiva el principio del destino universal de los bienes, entonces serían inmorales tanto el riesgo de la inversión creadora de empleo como la caridad con el prójimo, porque nadie podría arriesgar o despojarse de lo suyo. La legalidad moral para que el estado cobre impuestos, tasas y arbitrios para obras de beneficio común, la obligación moral de invertir los propios bienes para crear empleo, para apoyar obras de beneficencia o ayudar al prójimo necesitado surge de la vigencia del principio de que los bienes de la creación están destinados al bien de todos.

Ese mismo principio subyace a la preocupación económica de cómo reducir la pobreza, cómo aumentar la riqueza de los pueblos y naciones, cómo lograr que todos tengan lo necesario para vivir. Pero como lo demuestra la experiencia, eso se logra, no con la prohibición o reducción del derecho a la propiedad privada, sino a través de su vigencia en una sociedad donde las personas gocen de libertad personal, actúen moralmente, rija el derecho, todos sean iguales ante la ley, no haya privilegios, sino oportunidades.