La pandemia covid-19 llegó a Guatemala, el 13 de marzo. Tres años más tarde se registran 1.238,950 casos y 20,182 fallecimientos confirmados, aunque los análisis de exceso de mortalidad muestran que el saldo de muertes supera ya los 67 mil fallecidos durante la pandemia, lo que incluye muertes por covid-19 y también por otras causas. Reflejos de la afectación que también vivió el Ministerio de Salud, por su histórica debilidad institucional. Así también, han hecho evidente una vez más, la desigualdad, la exclusión y el racismo que marcan la respuesta del Estado en materia de salud.

Preocupa sobremanera que, a dos años de haberse iniciado la vacunación, apenas se ha alcanzado una cobertura de 40.9% de población vacunada con dos dosis, la cobertura más baja en Latino América, con amplia desventaja para las poblaciones indígenas, y quienes viven en áreas rurales y remotas. Si, la vacunación se ha visto afectada por las debilidades estructurales del Ministerio de Salud, pero también por una gama de decisiones tomadas durante la coyuntura que se tradujeron en un acceso tardío a las vacunas covid-19, en opacidad en la compra de vacunas Sputnik, en el vencimiento de más de 7 millones de dosis de vacuna, y sobre todo, por el diseño y uso de estrategias de vacunación que no reconocieron la vulnerabilidad social como factor crítico que obligaba, desde el inicio, a dar una respuesta diferenciada a los distintos territorios y poblaciones del país.

Este 13 de marzo, recordamos y honramos a las víctimas de la covid-19 y de un sistema de salud abandonado intencionalmente para favorecer la expansión del mercado y el aprovechamiento del MSPAS y del IGSS como botín.

Reconocemos y agradecemos la labor realizada por el personal de salud, especialmente por aquellos que, estando en primera línea, han enfrentado la pandemia en condiciones tremendamente adversas, con limitados recursos y soporte institucional, aun y cuando existían suficientes recursos financieros para hacer las cosas de forma diferente. Recordamos especialmente a todo el personal de salud fallecido en el cumplimiento de su deber.

Afortunadamente, los peores momentos de la pandemia van quedando atrás. Un logro extraordinario de la ciencia que, con las vacunas, han acortado la duración de la crisis. Sin embargo, ello no puede significar que “se vuelve a la normalidad”, porque en Guatemala, especialmente, la “normalidad” son servicios de salud sin personal, sin recursos, sin medicamentos y sin la preparación adecuada para responder con mayor efectividad ante situaciones similares, que desafortunadamente son una posibilidad muy real y no tan lejana.

Por estas razones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone discutir un “Tratado Pandémico” que cree condiciones para que estemos todos mejor preparados frente a eventos de potencial alcance catastrófico para la humanidad. Esto implica un diálogo abierto y autocrítico de los Estados y entre Estados acerca de las asimetrías existentes en la producción de conocimiento, manufactura, acceso y distribución a insumos críticos durante la pandemia, especialmente las vacunas; pero también, establecer nuevos marcos de relacionamiento y acuerdos con las industrias que producen insumos y bienes para la salud.

Sabemos que la financiación pública hizo milagros en la pandemia de covid-19. Las innovaciones médicas financiadas con fondos públicos deben utilizarse para maximizar el beneficio público, no solo los beneficios privados. Guatemala no puede quedar ajena a esta discusión; esperamos que el Estado tenga una participación activa y técnicamente competente en la discusión del Tratado Pandémico, exigiendo que prevalezca el principio del bien común, de la equidad y el respeto a los derechos humanos, como ejes de las negociaciones.