Conforme se acercan las elecciones, en pocas horas el Tribunal Supremo Electoral aumentó su desprestigio, junto con los partidos políticos, convertidos en pajes de la monarca de la institución, doña Irma Palencia. Otros dos acontecimientos también son preocupantes porque comprueban las sospechas sobre la ilegitimidad de las elecciones del 25 de junio. El primer asunto es el colapso temporal de las computadoras de la entidad, por lo cual algunos candidatos estaban en un limbo al no saberse si habían subido a la “nube tecnológica”. El segundo, la confabulación con los partidos políticos contendientes, quienes acuerparon con entusiasmo la ilegal prohibición a la prensa y los ciudadanos interesados a asistir a las reuniones de las autoridades electorales.

Haber salido a luz la falla tecnológica provocó la ira de la flamante presidenta, quien calificó la noticia de “falsa y malintencionada” para “deslegitimar el proceso electoral” y, según aseguró, ya todo está arreglado, pero no dijo nada sobre las prevenciones existentes para evitar la repetición de esta falla poco antes o el 25 de junio. No entiende, obvio, el problema causado por las dudas sobre el resultado. En vez de enojarse, debería meditar por qué fuera del TSE esta falla temporal causó preocupación, motivo de las publicaciones de la prensa independiente, y junto con los demás magistrados, admitir la precaria credibilidad de la institución. No hay alternativa a divulgarlo, como un intento de despertar la dormida conciencia de estos funcionarios.

Suma y sigue: los aspirantes inscritos no tienen asegurada su participación, algo difícil de entender para los ciudadanos comunes y muy fácil de rechazar para los aspirantes. Los partidos políticos se unieron alegremente a una decisión ilegal del TSE: realizar sesiones a puerta cerrada, en secreto. Desde ya se pueden aceptar apuestas de cuán corto será el tiempo para filtraciones hacia la prensa independiente y las redes sociales. Tal contubernio es necesario para haber aceptado a Sandra Torres, ahora contradictoriamente impugnada por los partidos, y solo se explica si es parte de un juego negro. Otra fuente de preocupación es quién tendrá la tarea de transmitir los datos de los resultados. Antes se decía “lo importante es ganar el recuento, no la elección”.

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad, también desprestigiada, pospuso los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Esto puede verse como apoyo no tan indirecto a unas elecciones de prestigio tambaleante, o espera de la llegada de tiempos no electorales y así evitar cambios dudosos como consecuencia de ser realizados a la carrera, sin meditación, o por tener el objeto de beneficiar a algún partido, eliminar artículos convenientes para sustituirlos por otros con posibles inconstitucionalidades a causa de errores y sobre todo malas intenciones. Hay una realidad: las elecciones están a 125 días, insuficientes para lograr los cambios indispensables, pero sí para sustituir artículos muy convenientes por vergonzosos mamarrachos pseudolegales.

Ciertamente la LEPP necesita cambios lo antes posible, pero no decididos cuando falta tan poco tiempo para la realización de comicios cuyo peligro mayor consiste en formalizar inequívocamente el continuismo y el totalitarismo. El proceso debe comenzar a pocos días de la entronización del nuevo gobierno, y necesita recibir sugerencias de la mayor cantidad de grupos sociales. La manera como se han desvirtuado los fines del TSE y de la misma CC están relacionados directamente con la eliminación de la independencia, hoy sustituida por una inaceptable sumisión a los caprichos y beneficios del famoso por su inveterada costumbre de mentir en forma descarada. Es lastimoso ver cómo están hoy esas entidades jurídicas otrora dignas de respeto generalizado.