¿Qué se puede esperar de las elecciones 2023, cuando el propio tribunal supremo electoral, con minúsculas, porque no merece otra cosa, se encarga de bloquear la participación del partido político Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), utilizando un argumento carente de sustento, pues el candidato a vicepresidente de esa agrupación presentó su finiquito y está en su legítimo derecho de participar?

Estamos viendo la arbitrariedad desde mucho antes de que se abran las urnas; ésta se ha venido tejiendo poco a poco, y desde la propia institucionalidad. Jugar tuero con partidos que claramente ya no deberían existir; activando y desactivando procesos legales de potenciales candidatos y candidatas; haciéndose de la vista gorda con la campaña anticipada de algunos y algunas, mientras a la par, advierten a otros y otras. Aplicación de “la ley” a conveniencia de quienes están moviendo los hilos del poder y que no desean que ningún imprevisto ose poner en duda que continuarán controlando el Estado y sus recursos con absoluta impunidad.

Ya hay que aceptar que Guatemala cerró el ciclo que se inició en 1985 cuando se pensaba que el país iba a aprender y a madurar en esto de elegir autoridades. Hace unos 7 años ocurrió el tránsito hacia una etapa de total y abierta instrumentación de estos procesos para fines totalmente antidemocráticos. Por ende, no se pueden seguir empleando los mismos criterios y procedimientos de antaño para “observar” esta elección, y peor aún, para terminar “validando” un proceso que, como éste, está excluyendo a priori, la competencia electoral democrática.

¿Tanto miedo da que este partido se constituya en una alternativa elegible por los guatemaltecos? Me cuesta imaginar esta posibilidad, dado el tamaño de síndrome de Estocolmo que tiene impreso la ciudadanía guatemalteca en su mentalidad, especialmente la capitalina, que es la que más vota en segunda vuelta, y que invariablemente elige y vuelve a elegir a quienes abierta y descaradamente le expropian su derecho al desarrollo, al empleo, a una calidad básica de vida. Esta no es exageración, es un hecho que se ha demostrado ampliamente cada cuatro años y que, del 2016 para acá, solo ha agravado y acelerado la espiral del deterioro político y social del país.

7 años tenemos de vivir en abierta regresión democrática y la degradación del sistema político es tal que ya ni se molestan con disimular su arbitrariedad. Sin duda, el miedo y el racismo también se esconden detrás de este boicot. Pero ¿qué tal si es otro partido no afín el que, por alguna anomalía del sistema, comienza a destacar? ¿También lo van a boicotear, inventándose alguna otra cosa por ahí? Si el TSE veta la participación de partidos que han cumplido con todos los requisitos; si procede con esta ilegalidad, dejará con 0 credibilidad esta nueva farsa electoral.

¿Ya no alcanza con poner uno, dos, tres o cuatro o más “partidos” (ya no se ni cuantos hay este año) prestos y aceitados para dividir el voto en primera vuelta, para luego, jugar con los miedos atávicos de la clase media, y que alguno de éstos gane en segunda vuelta -no importa cuál-? Que no se nos olvide que si las cosas están como están, también es porque el sistema político lo modelan quienes lo financian, no solo quienes votamos, ya que las condiciones en que acá se ejerce el voto son de profunda asimetría y despolitización. El TSE se creó en 1985 para ser el fiel de la balanza, entendiendo que el poder es, por definición, asimétrico e imponente. Por eso se necesitaba un órgano regulador y árbitro del sistema; evidentemente, ya dejó de serlo y ya ni se ocupan por aparentarlo.