Constituyó una agradable sorpresa lo expresado ayer por el pleno del Tribunal Supremo Electoral, cuya presidenta señaló su deseo de anunciar oficialmente al 20 de agosto como fecha de la segunda vuelta, aunque por la tarde aún no se había realizado. La tardanza provocó el rumor presuntas amenazas de enjuiciamientos y otras acciones legales con el fin de cambiar al acompañante de Sandra Torres en la contienda final, situada a sólo 39 días de distancia, a pesar de toda la presión clara y constante de numerosas y muy variadas y hasta contradictorias entidades nacionales e internacionales para el cese de los constantes intentos de legalismos o aprovechamientos malintencionados para acabar de una vez por todas con la confianza popular en los resultados.

Haciendo un ejercicio de deducción lógica, puede inferirse el ansia de sacar a Bernardo Arévalo y/o de atrasar la fecha de esa elección, con la meta de despertar entre el electorado, una vez más, la necesidad por votar por el menos peor. Se han filtrado además cuáles son las deducciones de los oficialistas y otros grupos en cuanto a una supuesta incongruencia entre los votos alcanzados en el Congreso y las alcaldías del país, porque si estos son muchos, deben ser numerosísimos los obtenidos para la presidencia. Esto podría ser así, sólo podría, pero implica desconocer el ahora enorme rechazo del gobierno y sobre todo a Alejandro Giammattei. Y esta actitud refleja total desconocimiento de cómo funciona, por muchas razones, la complicada psiquis del guatemalteco.

Esta actitud del TSE llama la atención porque Supremo significa en español, idioma oficial, “que no tiene superior en su línea”, y superior: “que está en lugar más alto y prominente” y, como es el Diccionario de la Lengua Española fuente última de significado de un término legal o institucional de comicios. En lo electoral el TSE es la máxima autoridad; las otras cortes, no. Esto ha sido interpretado con mala intención o desconocimiento lingüístico y por eso la Corte de Constitucionalidad (cuyo campo es lo relacionado con la Carta Magna), desde hace tiempo es la Corte Celestial… Lo mismo ocurre con la Corte Suprema de Justicia, cuyo campo es jurídico, no electoral. Si al TSE se le quiere rebajar a un segundo nivel se debería pedir su descenso a una simple sala de asuntos electorales, como en otros países. Obviamente, sería nefasto.

Un efecto colateral de esta crisis es haber despertado el interés por conocer cuáles magistrados han tenido votos disidentes. Cuando las resoluciones no son unánimes, quienes votan en contra tienen la obligación consigo mismos de dejar constancia. En la CSJ, por ejemplo, recuerdo el caso de la magistrada Blanca Alfaro, quien tiene un buen historial de oposiciones tal vez legalmente inútiles, pero fundamentales desde el fundamental punto de vista ético-jurídico-histórico. Ello tiene importancia especial ahora, porque las resoluciones de las cortes antes mencionadas están envueltas en la bruma de la sospecha, iniciada desde el momento de haberse integrado. En otras palabras, el interés nacional debe centrarse en escarbar con cuidado los orígenes de sus cargos.

Cada vez mayor número de ciudadanos se dan cuenta de lo informado y comentado por mucho tiempo, sobre todo en la prensa de opinión, al menos en el sentido de seguir con cuidado las decisiones de los politiqueros, porque tendrán efectos en la totalidad de los habitantes del país. La inmediatez de las redes sociales permite la divulgación instantánea sobre hechos provenientes de muchas fuentes, y ahora el esfuerzo debe dedicarse a educar a la población para identificar la mayor cantidad posible de falsedades o engaños. Por aparte, aunque el informe oficial del TSE sea pronto, el tiempo restante para la campaña de los dos contendientes es cada vez más corto, lo cual –como siempre— beneficia a un miembro de la dupla y causa problemas al otro.