Este 2022 estará marcado por procesos que determinarán el futuro del estado de Derecho en Guatemala. Cuando hablamos de Estado de Derecho nos referimos al estado de la justicia en el país, a que las leyes se apliquen a todos por igual, que no haya nadie por encima de la ley y que se cumplan con las normas que permiten que las instituciones funcionen en beneficio de la población. Por lo tanto, este año las elecciones de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, de Procurador de Derechos Humanos, de Procurador General de la Nación y finalmente, de Contralor General de Cuentas, representan una nueva oportunidad para guiar al país en una dirección esperanzadora.

Tomando en cuenta antecedentes recientes como la fallida elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones desde el 2019, la inconclusa integración de la Corte de Constitucionalidad y los demás peligros que acechan por ser año preelectoral, en este 2022 se juega mucho para el futuro de nuestro país. A pesar de lo que ha sucedido en años recientes, es imperante no perder de vista las elecciones que se avecinan, ya que serán una oportunidad o un retroceso para fortalecer diversas instituciones y a la vez combatir frontalmente la corrupción.

Ante la importancia de estas elecciones, ¿por qué la ciudadanía a penas se entera o interesa en ellas? De las cuatro que se llevarán a cabo este año, tres son a través de comisiones de postulación. Estas comisiones son órganos temporales que se conforman de profesionales académicos, gremiales o de otros sectores para evaluar postulantes y elaborar nóminas de candidatos para que una autoridad definida por ley elija al mejor candidato para determinado cargo público. Como consecuencia la ciudadanía no participa directamente en estos procesos, creando una lejanía y apatía a cómo se eligen estos funcionarios. Sin embargo, no existe esa indiferencia al resultado de la elección pues vemos que la ciudadanía cada vez es más exigente y fiscalizadora del actuar de los jueces, Magistrados, Fiscal general, Procurador de Derechos Humanos y otros funcionarios públicos que se eligen a través de comisiones de postulación. Si a los ciudadanos nos importa cómo se desenvuelven en sus labores estos funcionarios, debería importarnos también cómo llegan a esos puestos. Ahí la avalancha de oportunidades que tenemos este año de conocer y fiscalizar los diversos procesos de comisiones de postulación que se llevarán a cabo.

Por ende, ¿qué podemos hacer? Prestarles atención a los procesos y no permitir que pasen por desapercibidos porque cuando eso pasa, es más fácil que sean manipulados e influenciados por intereses fraudulentos. Primero, aunque pareciera un aspecto dado, es necesario insistir en que se cumplan los procesos en los plazos que establece la ley. Segundo, así como lo establece la Ley de Comisiones de Postulación, todos sus actos deben ser transparentes e imparciales. Como ciudadanos debemos exigir que se cumpla y llevar una ordenada auditoría social. Finalmente, en la veeduría ciudadana también debemos ser imparciales y objetivos para no favorecer o perjudicar a candidatos simplemente por simpatizar personalmente o ideológicamente con alguno. Una ciudadanía comprometida requiere de individuos políticamente maduros que se esfuercen por consolidar una verdadera República democrática, sin afán de avanzar intereses ocultos.

Se avecina una avalancha de nuevas oportunidades para el estado de Derecho en Guatemala, ¿podremos aprovecharlo para el beneficio y desarrollo del país?