La segunda semana de octubre en Guatemala ha estado sumergida en una de las peores crisis políticas de gobernabilidad de las últimas épocas. La preparación del proceso electoral estuvo llena de señales de alerta. Sin embargo, muchos de los retos institucionales se superaron y concluimos con un proceso electoral libre, bajo el parámetro de comparación propia con otras elecciones que hemos tenido anteriormente. La actividad de miles de guatemaltecos que conformaron las juntas electorales y receptoras de votos fue trascendental para asegurar esas elecciones libres.

El resultado de las elecciones fue muy claro: la ciudadanía exige un cambio. En los resultados de la primera vuelta, el voto nulo y el voto en blanco representan la gran mayoría del 24% de los votos totales y el siguiente candidato con un 17%. No hay encuesta que demuestre lo contrario, la mayoría de encuestas posicionan la actitud social de frustración y desesperanza con un crecimiento exponencial en los últimos años. Esto bastó para que un candidato “diferente” pudiera colarse al segundo balotaje y posteriormente ganar la segunda vuelta.

Como en cualquier elección de este tipo, hay un ganador y varios perdedores. Un grupo de personas, en rechazo a la ideología que presenta el candidato ganador, empezó a cuestionar el resultado de las elecciones. Hasta aquí, nada extraordinario en las democracias contemporáneas. Sin embargo, la situación se agravó exponencialmente cuando investigaciones penales hacia el partido político ganador de las elecciones y en torno a la adquisición del sistema informático de transmisión de datos causaron alarmas sobre si podían llegar a alterar el proceso electoral a pesar de no tener competencia para ello.

Este descontento genuino hacia la incertidumbre se vio reflejado de varias formas: interposición de acciones legales, manifestaciones y pronunciamientos de diversos sectores. Sin embargo, una narrativa caótica de la situación y acciones poco transparentes en las investigaciones penales fue incrementando cada vez más el descontento, al punto de generar bloqueos que han afectado la libertad de los guatemaltecos por varios días. En este punto es donde nos encontramos hoy en día.

Entender dónde nos encontramos el día de hoy es importante para plantear hacia dónde queremos avanzar. Hay una diversidad de exigencias y solicitudes en el ambiente: renuncias de funcionarios, reformas legales y rechazos a los bloqueos.

Dentro de todo este ruido es importante traer a colación cuál es la causa más importante en este momento de la revisión cronológica, así como la visión del futuro de nuestras instituciones, pareciera que asegurar una transición y alterabilidad de poder con las autoridades electas es una causa común de los guatemaltecos y que asegura nuestra institucionalidad. Diversos sectores han demostrado su preocupación, así como su apoyo a que sí exista una alternabilidad de poderes efectiva y que se respeten los resultados de las elecciones. Esta es una causa central y, además, fundamental para el futuro de nuestra República Democrática.

Los bloqueos a la movilidad afectan la libertad de los ciudadanos. Un derecho que es fundamental y que forma parte de la dignidad. Es difícil convencer a otros quitándoles un derecho. Es importante enfocar las manifestaciones, exigencias y energía de las acciones hacia causas que pueden convencer a otros. Es contraproducente intentar convencer a otros de las ideas a través de la fuerza o coacción, más en un ambiente de descontento social en aumento. Enfocarnos en el principal problema y en acciones que aseguren superar ese problema es indispensable hoy en día.

El diálogo que está moderando la OEA puede tener resultados positivos, pero también se necesita un diálogo ciudadano para encontrar una causa común en medio de la polarización y descontento en el que estamos. Juntos, como ciudadanos, debemos unirnos para defender nuestra República con ánimo cívico y responsabilidad.