La condena de seis años de prisión contra Jose Rubén Zamora es injusta porque fue impuesta pese a que el Ministerio Público (MP) no pudo probar el origen ilícito de los Q300 mil que supuestamente intentaba lavar. Al periodista le negaron su derecho a presentar pruebas y a realizar su última declaración, además de la persecución penal que se montó contra sus testigos y sus abogados. Aun así, el fallo del tribunal representó una derrota para el MP y los activistas fascistas que querían acabar con Zamora y el periodismo crítico que él representa. Montaron una campaña insidiosa para hacer creer que se trataba de un acto criminal de un empresario que chantajeaba y cometía tráfico de influencias. Sin embargo, Zamora fue absuelto de estos cargos debido a que el MP no pudo probarlos. Fue una contundente derrota para Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, que pretendían que al periodista lo refundieran en la cárcel por 40 años. Tampoco lograron probar que la exauxiliar fiscal Samari Gómez haya revelado información confidencial.

El MP intentó hacer creer que no era una persecución contra el periodismo. Falso. En el transcurso del proceso se fue revelando toda una trama que dejaba ver una venganza contra un comunicador incómodo que mostró la corrupción del presidente Alejandro Giammattei y su círculo cercano. Desde el principio no hubo pruebas contundentes de que Zamora intentara lavar Q300 mil, dinero que en realidad iba a servir para pagar los salarios de los trabajadores de elPeriódico. El periodista vio cómo, uno a uno, iba perdiendo a sus abogados, quienes fueron objeto de intimidaciones para forzarlos a que abandonaran su defensa, hasta tener que aceptar un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Tampoco le permitieron que presentara testigos y las pruebas que aportó fueron consideradas irrelevantes. Un caso que demuestra cómo agentes del Estado impulsan acciones de terror para conseguir su propósito.

El fiscal Curruchiche siempre dijo que el caso se debía a malos manejos empresariales. Pero el pez por la boca muere. El miércoles pasado, poco después de que se dictara sentencia, Curruchiche arremetió contra Zamora en los siguientes términos: “Él dirigía un medio de comunicación y a través de ese medio de comunicación se denigraba, se insultaba en su honor, en su prestigio a fiscales, a jueces, a magistrados, a diversas personas de la sociedad civil”. Estas declaraciones, que están en un video que circula en redes sociales, evidencian el verdadero trasfondo de la persecución contra Zamora: la molestia del poder por el periodismo crítico que señalaba actos de corrupción e impunidad de la clase política y funcionarios. La venganza llevó al cierre de elPeriódico y continúa con la persecución penal contra cuatro periodistas y dos columnistas de ese medio.

En su diatriba contra Zamora, el fiscal Curruchiche no parece tener límite. No solo dice que apelará la sentencia e insistirá en que le impongan 40 años, sino que ahora pide que Estados Unidos incluya al periodista en la Lista Engels porque se habría probado que es corrupto. Tal declaración significa que este fiscal está muy atento a la credibilidad que tiene una lista en la cual está incluida su jefa, Consuelo Porras, y él mismo por participar en hechos de corrupción. Según el Departamento de Estado de EE. UU., Curruchiche forma parte de esa lista porque ha obstruido las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de alto impacto contra funcionarios de gobierno y por presentar denuncias espurias contra exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, abogados particulares y exfiscales de la Cicig. A eso hay que agregar ahora la persecución que ha lanzado contra periodistas que han investigado casos de corrupción en los que están involucrados políticos y funcionarios de gobierno.