La corrupción es un flagelo que impacta de manera transversal a todos los países de la región, crea una barrera para el desarrollo sostenible de las sociedades; ocasiona importantes impedimentos y distorsiones en la economía de los Estados trayendo como consecuencia la baja inversión en la educación, la salud y la vivienda, así como una precaria infraestructura, socavando directamente la calidad de vida de los ciudadanos.

La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés), conocida también como la Convención de Mérida, constituye una herramienta de vital importancia que se ha consagrado desde su emisión en 2003 como la base jurídica de la mayoría de los Estados parte que la han ratificado, permitiendo el fortalecimiento de los ordenamientos jurídicos preventivos y represivos penales en la persecución de este delito y de los delitos conexos como el blanqueo de capitales. La UNCAC es el único instrumento universalmente vinculante. Su enfoque amplio y carácter obligatorio de varias provisiones lo convierten en una herramienta única para desarrollar una respuesta comprensiva a un problema global.

En el aspecto preventivo la UNCAC promueve medidas para el sector público, así como también para el sector privado. Recomienda el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales mediante la dirección de un ente llamado a dictar de manera integral las políticas anticorrupción, la promulgación y aplicación de códigos de ética con efectos proporcionales y disuasivos a las conductas realizadas, así como el empoderamiento de la sociedad civil en cuanto al derecho de exigir a los gobiernos la política de transparencia y rendición de cuentas como un contrapeso esencial a la hora de ejecutar el gasto público.

En el aspecto represivo promueve la tipificación de las conductas delictivas conexas a los actos de corrupción, tales como el tráfico de influencias, peculado, malversación de recursos, encubrimiento, blanqueo de capitales entre otros. Dentro de este componente penal, es importante destacar la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la realización de actos de corrupción. Los corruptos buscan esconder su autoría a través de la creación y uso de personas jurídicas como las sociedades anónimas, que es una estrategia para ocultar y alejar el origen de los fondos ilícitos generados a través del delito de corrupción, mediante las distintas técnicas y tipologías del blanqueo de capitales. Es por esto que, en la actualidad, la mayoría de los ordenamientos jurídicos penales de los países de la región incluyen dentro de sus sanciones penales la responsabilidad de las personas jurídicas cuando son creadas y/o utilizadas para realizar actos de corrupción y por consiguiente de blanqueo de capitales.

La UNCAC también estipula provisiones sobre la cooperación internacional y la recuperación de activos, tomando en cuenta principalmente que, en ocasiones, se visualiza el movimiento de recursos hacia otras jurisdicciones, buscando con esto obstaculizar las investigaciones e impedir la recuperación de los recursos sustraídos en perjuicio directo del patrimonio de los Estados requirentes.

En 2003 el mundo se unió para adoptar un acuerdo histórico: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Desde entonces, 189 Estados parte se han comprometido con las obligaciones para combatir la corrupción señaladas en la Convención, lo que evidencia un reconocimiento casi universal de la importancia de la buena gobernanza, la rendición de cuentas y el compromiso político, a los que también se unen el sector privado y la sociedad civil.

El Día Internacional contra la Corrupción en este año 2022 tiene como propósito destacar el vínculo fundamental entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. Su objetivo es subrayar que el combate contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos y que sólo a través de la cooperación y la implicación de todas y cada una de las personas e instituciones podremos superar el impacto negativo de este delito.
Los Estados, los funcionarios públicos, agentes de la ley, representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, el público y los jóvenes tienen un papel que desempeñar en este sentido.

Este día también marca el inicio de nuestros esfuerzos para conmemorar el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo cual se refleja en el tema de este año: “La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a los 20 años: uniendo al mundo contra la corrupción”. A lo largo del próximo año reflexionaremos, junto con los países firmantes, sobre un mundo que ha mejorado gracias al impulso colectivo que ha supuesto la Convención y, en especial, sobre los desafíos que quedan para garantizar que se trata de un mecanismo verdaderamente sólido para los próximos años.

*Representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe