La expulsión de Camilo García, estudiante de la Usac y representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, es una decisión arbitraria que se suma a la serie de irregularidades que se cometieron para imponer a Walter Mazariegos como rector.

Con 22 votos de los representantes aliados, incluido el del rector impuesto, decidieron expulsar a García, basándose en un dictamen de Asuntos Jurídicos que consideró que llamar a Mazariegos “usurpador” y “cobardes” a los consejeros que no reconocen las demandas estudiantiles de repetir la elección por fraudulenta es una “falta a la ética” (Quórum, 27/1/23).

Un detalle importante es que fue el representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) ante el CSU quien pidió la sanción disciplinaria en contra de Camilo García en su calidad de estudiante, obviando que es un representante estudiantil electo ante el Consejo y que como tal tiene todas las obligaciones y derechos, incluido el de expresar sus opiniones y posiciones, aunque estas sean contrarias a las del rector y sus consejeros aliados.

A García se le aplicó el régimen disciplinario estudiantil que no puede ser automáticamente utilizado cuando se trata de representantes electos democráticamente en sus unidades académicas, extremo que conocen los asesores jurídicos de la Usac y el representante del CANG ante el CSU. Pero está claro que si avalaron mayúsculas irregularidades para llevar a Mazariegos a la rectoría, criminalizar a un representante estudiantil al que consideran “incómodo” es una “mancha más al tigre”.

Además, las críticas y cuestionamientos de Camilo García y de las y los estudiantes en resistencia son absolutamente razonables, a la luz de los siguientes hechos: 1) Por mayoría, el CSU negó la acreditación de 35 electores -todos de planillas opositoras- impidiéndoles participar en la elección a rector. 2) El 14 de mayo de 2022, día de la elección, solo se permitió el ingreso de los electores de las planillas afines a Walter Mazariegos. Los de los otros candidatos no pudieron ingresar y, por lo tanto, la votación se llevó a cabo solamente con la presencia de los 71 electores que respaldaban su candidatura.

3) Agentes de la PNC, fuerzas antimotines, guardias privados de seguridad y grupos de choque -armados con palos y bates- se apostaron en los alrededores, en el interior de las instalaciones y en las puertas del Parque de la Industria para evitar el ingreso de electores de las planillas opositoras y desalentar las protestas de sancarlistas inconformes con la manipulación del proceso. Además, utilizaron gases lacrimógenos contra los manifestantes y cargaron en su contra. Un ambiente “digno” de una elección democrática. 4) La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo que permitió realizar la elección de Mazariegos como rector de la Usac. En el fallo, la sala ordenó que en un plazo de 5 días el CSU se reuniera para establecer un nuevo lugar, hora y fecha para realizar la elección a la Rectoría, debido a que las instalaciones del Musac habían sido ocupadas como medida de protesta. El tribunal también ordenó que la nueva elección se realizara de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Usac. Si bien el CSU cumplió con reunirse, desobedeció el plazo de 60 días que establece la normativa universitaria para convocar a la elección de rector, es decir, incumplió parcialmente la resolución.

Por todas estas transgresiones se han interpuesto más de 20 amparos, sin que hasta ahora hayan sido resueltos. Lamentablemente la cooptación de la justicia mantiene a Mazariegos como rector y permite que sigan cometiéndose arbitrariedades como la que hoy enfrenta Camilo García, a quien expreso mi solidaridad.