El pasado sábado, el pueblo volvió a la plaza de la Constitución. Se calcula que al menos asistieron 10 mil personas (no simultáneamente, pero sí en todo el trascurso de la tarde). El objetivo no es solo pedir la dimisión de la fiscal general y el jefe de la Feci, sino una renovación total de la clase política y el sistema judicial, para que procure un órgano independiente, digno y eficiente. Que garantice un alto a la corrupción y la impunidad, proporcionándonos un clima de certeza jurídica.

El pueblo siente una indignación generalizada y un rechazo total por la clase política y el desgobierno que reina en el país. Y además, por todos los vicios que se dieron durante este proceso electoral, al punto de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, además de anunciar que existe un plan para asesinarlo, afirma que está en curso un golpe de Estado técnico.

Manifestar es un derecho constitucional donde se expresa el sentir popular con carteles, discursos, marchas, canciones e incluso arte, para que se escuche la voz de la gente. Estos son movimientos espontáneos de los pueblos, así como lo hacen en los países más desarrollados del mundo para expresarse; es válido y puede llegar a tener efectos reales. Para muestra las protestas del 2015, donde se consiguió la renuncia del presidente y su vicepresidenta, un hecho inédito a nivel latinoamericano.

Estas manifestaciones pueden llegar a ser un movimiento inclusivo, en el cual participen todos los sectores de la población que se vean identificados con la causa. La bandera para hondear no es de un partido político o una ideología de izquierda o derecha, sino Guatemala. Lo importante es generar cambios sustanciales y legítimos, que no se obtienen solo con dos renuncias, sino con la transformación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esta nueva etapa por la que está atravesando el país es un punto de inflexión donde existe la oportunidad de iniciar una transformación, o bien seguir como hasta hoy, sumidos en una crisis institucional, que puede realmente llevarnos a una total ingobernabilidad.

La importancia de la libertad de la reunión pacífica, como un derecho político fundamental en una sociedad democrática, es un hecho real y necesario para obtener cambios. Seguramente, bajo estos parámetros, podrían volver a organizarse manifestaciones como las del 2015, que incluyeran a todos los sectores y líderes del país. Esto sería un éxito, sumado al poder de las redes sociales.

Estamos en una democracia que nos garantiza derechos, libertad de tener una opinión, expresarla, manifestarla y, por qué no, hacer una petición formal. Afortunadamente esta circunstancia nos ha unido como nación, llevándonos a manifestar por un mismo fin, sin importar clase social, ideología, edad, nivel cultural, etc. Existe un denominador común, el hartazgo. Todos exigimos el fin de la corrupción.

Las protestas sociales son muy claras, no son tres pelones pagados por alguien, es un movimiento espontáneo, que lo hace legítimo y respetable ante el mundo entero. La ciudadanía exige principios y valores en las raíces del Estado para revertir las estructuras mafiosas que tienen cooptado todo el sistema del país y que incluso han contaminado a la sociedad guatemalteca a todos los niveles.

Hoy estamos pagando una factura muy cara, por haber dejado pasar a otros gobiernos corruptos que hicieron barbaridades, sin que la ciudadanía alzara su voz y les pusiera un alto en su momento. Urge establecer los mecanismos de transparencia que aseguren probidad y eficiencia del gasto público. Ya no les toca a los politiqueros sucios y demagogos seguir en el poder. Este es el momento de Guatemala, una nación rica en recursos naturales y gente buena.