Escribía yo en mi anterior artículo, refiriéndome al Presupuesto del Estado recientemente aprobado, que no es posible desperdiciar en servicios públicos de pésima calidad, como la educación y la salud públicas, tantos millardos de quetzales, año tras año, sin que se produzcan graves consecuencias. Y, por lo visto, ya se han dado.

El 27 de noviembre pasado circuló una nota publicada por Soy 502 relativa a una medición del coeficiente intelectual de la población en 199 países. Aparece en el sitio WPR (World Population Review) y es el caso que Guatemala figura en el puesto 196 de 199 y en el último lugar de todas las Américas. Esto sí que duele porque, además, era totalmente evitable.

Creo que el principal factor que ha incidido en que la calidad de la educación pública del país haya ido de mal a peor ha sido su politización. Los resultados de casi todas las mediciones han sido peores al pasar del tiempo durante las últimas tres décadas y media, a excepción del relativamente breve período de tiempo durante el cual el Pronade sirvió para demostrar que sí hay alternativas.

Por “politización” me refiero al hecho de que tanto los líderes sindicales del sector de la educación pública, como también los líderes partidarios de turno en el poder, han ido descubriendo a lo largo de unas tres décadas que podían apoyarse recíprocamente con el dinero de los contribuyentes. Todo se basa en la circunstancia de que un partido político siempre necesita del apoyo de colectivos organizados capaces de alinear a sus bases tras objetivos estratégicos y que, dependiendo de su disciplina interna, puedan ofrecer desde una posición de respaldo público a cualquier política gubernamental hasta una entente electoral que bien puede definir una elección.

En toda esta historia de horror, como es pasar a los últimos lugares del mundo en la medición del coeficiente intelectual, me pregunto cómo ha sido posible que las élites intelectuales, económicas y sociales del país no comprendieran que, independientemente de ser inconstitucional, el hecho de dejar la educación pública al albur de los pactos colectivos negociados entre dos grupos de líderes envueltos en graves conflictos de interés era condenar a las juventudes de este país a la peor calidad educativa imaginable.

En lugar de unas reglas de servicio civil, en general, o de organización y gestión de la carrera magisterial, en particular, que fueran hechas valer de manera consistente por una administración profesional e independiente de los avatares políticos, decenas de millardos de quetzales fueron convertidos en una piñata de prebendas y privilegios absolutamente inconexos con el mérito de los maestros y los resultados de su actividad docente.

En efecto, a la vez que los pactos colectivos aniquilaban cualquier sentido de excelencia y profesionalidad entre los integrantes del magisterio estatal, la calidad educativa fue descendiendo hasta niveles deplorables. Año con año los medios de prensa fueron informando a esas élites de la incapacidad generalizada de los estudiantes de todos los niveles para resolver pruebas matemáticas, de lectura, de escritura y de todos los órdenes. Los ciclos escolares se fueron acortando y la posibilidad para los padres de familia de tener aunque fuera una voz en defensa de sus hijos se redujo a su mínima expresión. Es imperativo e impostergable arrancar de las manos de esos inconscientes que han negociado para su beneficio con el dinero que era para la formación de los jóvenes de este país el poder de seguir destruyendo su presente y ahogando su futuro.