La exvicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, se presentaba como la responsable de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. Cada viernes recibía de Verónica Taracena, una serie de alertas para prevenir la corrupción. La integrante del binomio presidencial increpaba a las oenegés favorables a la transparencia, de mentir por reiterar denuncias sobre corrupción. Hoy, Baldetti está acusada de montar una estructura, bautizada por el MP como “la línea”, para defraudación aduanera. También de organizar estafas como la llamada “agua mágica”. Así como toda clase de timos.

Por su parte, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aparecía como un empresario de seguridad. Su socio en el negocio, se convirtió en diputado que mañosamente generó falsas planillas de vigilantes en el congreso, para adueñarse de los sueldos. Mientras tanto, a López Bonilla se le acusa de haberse apropiado de comisiones ilícitas en todas las compras y rentas del ministerio.

Aparentemente, la coordinación operaba bajo órdenes del expresidente Otto Pérez Molina cuyos subordinados se encuentran presos o reclamados por la justicia.

Para los opositores de izquierda, esas conductas son explicables pues se trata de personajes provenientes de capas sociales medias bajas, que recurren a la corrupción pues añoran tener los niveles de riqueza de los grupos sociales que han defendido de manera decidida y hasta sanguinaria. Ahora se ha venido a sumar el pedido de extradición por parte de EE. UU. contra Baldetti y López Bonilla, por tráfico de drogas.

El Informe Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, estima que se trasiega alrededor de mil toneladas métricas de cocaína en el país. El señalamiento contra las pasadas autoridades gubernamentales guatemaltecas resulta pavoroso. Gracias a los patriotistas se instaló un Estado del narcotráfico. Fuera de los extraditados cuyos alias resultan chuscos, como fantasma, pelón, abuelo etc. Existe una red de empresas para lavar dinero por encargo de señalados narcotraficantes mexicanos. Indigo, publicación especializada, refiere que la red identificada el 10 de enero de 2012, estaba compuesta por Marllory Dadiana Chacón Rossell, Jorge Andrés Fernández Carvajal, Hayron Eduardo Borrayo Lazmibat y Mirsa Silvana Hernández, con las empresas Bingotón, RPM aceleración, Fer’seg y Andrea Yari. El 15 de agosto de 2012, se identificó a María Corina Sáenz Lenof y Cristina Estetanel Castellanos Chacón, con las empresas Vogue, Wallnuthill, Farfar, Hotel Punto Cero, Finca Santa Inés, Fernaplast, Emco, Digital Sys, Boutique Marllory, Delpsa, Almacen Picis, Alquileres & distribuidora Rossell, Inversiones A y E, Siconsa, Corporativa de negocios, Dateus, Brodway comerce, MPV, Corporación Daymex, Bodega Banyolas, Importadora Borrayo Lazmibat, Huertas y hortalizas, Acabomarzo entre otras. (goo.gl/9myqmx)

A estas sindicaciones, se une Baldetti y López Bonilla que facilitaban el trasiego material de la droga, enervando a la fuerza pública, a cambio de dádivas por esa red. La acusación indica que era una asociación anterior a sus cargos ejecutivos. El asombro resulta del silencio de los adláteres a los patriotistas y las instituciones de seguridad. Así mismo, el apoyo político y comercial, que se ofreció por parte de asociaciones, cámaras e iglesias, no tiene justificación.

El daño causado a la moral pública es muy grande. El desánimo que se genera entre oficiales del Ejército de Guatemala o en la Policía Nacional Civil que conoce que las altas autoridades del país, están involucradas en el crimen, no admite fácil reparación. ¡Ciudadanos, rechacemos el latrocinio, venga de donde venga!

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