Tenemos derecho a tomar las calles. Cuando padecemos hambre, enfermedad o nos faltan espacios para educarnos bien. Cuando carecemos de empleo o los salarios son de hambre; cuando no tenemos tierra suficiente para cultivar el alimento y nuestras preocupaciones no son escuchadas por quienes nos gobiernan. Tenemos derecho a tomar las calles, cuando se roban los recursos del Estado que deben servir para construir lo colectivo o cuando algunos se atreven a romper las instituciones democráticas.

Tenemos derecho a tomar las calles porque ahora mismo estas son la única propiedad del pueblo. Otros tienen el poder de tomar nuestros ríos, nuestras montañas y nuestros minerales. Otros han tomado el sistema de justicia y la administración pública para sus fines particulares. Los peores han tenido el poder de tomar arbitrariamente la vida de nuestros seres queridos para garantizarse un modelo de sociedad basado en la omisión de nuestra identidad multiétnica, la dominación y la depauperación de las personas. Por todo esto, no solo tenemos derecho a tomar las calles, estamos obligados a hacerlo ante tanta infamia.

Porque al tomar las calles logramos atraer la atención de quienes, en una vida cómoda y alejada de la realidad de la mayoría, se limitan a preocuparse exclusivamente por el tráfico, o sus negocios, olvidando que las limitadas conquistas sociales que disfrutamos hoy son fruto de innumerables manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Ninguna mejora del bienestar, ni derecho realizado, ni fortalecimiento democrático se ha logrado utilizando una nueva aplicación tecnológica para el celular, manejando un carro a toda velocidad o quedándose cómodamente sentado en un sillón.

Observar personas manifestándose en las calles, exigiendo de manera pacífica que hayan cambios para mejorar sus condiciones de vida, son la mejor garantía de que no todo está perdido. Aquellos con un poquito de ciudadanía corriendo por sus venas, deberían acompañar las manifestaciones, o por lo menos empatizar con las luchas de sus iguales y sumarse a la exigencia de que las autoridades den respuesta al clamor de las grandes mayorías.

La desalmada reacción de Jabes Meda Maldonado, ante la manifestación de los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales número 2, que exigían mejores condiciones educativas y maestros, y como consecuencia el asesinato de Brenda Domínguez Girón es una manifestación de cómo ha ido calando ese discurso de odio en contra de los manifestantes. Mensajes posteriores de algunos cómplices de que Guatemala esté más cerca de la barbarie que de la civilización, veían en la muerte de Brenda una oportunidad para alertarnos que es mejor quedarse en casa para “no meternos en problemas”.

Si renunciamos a nuestro derecho y obligación de manifestarnos ante la injusticia, entonces estamos renunciando también a la construcción de la democracia. Brenda, el miércoles pasado, con sus apenas 16 años se sumó a la larga lista de mujeres y hombres que han entregado su vida en una manifestación. Reclamemos justicia por su asesinato.

Hoy, uno de cada dos adolescentes es pobre; uno de cada cuatro embarazos lo vive una adolescente; uno de cada cuatro adolescentes rurales solo tiene sexto grado primaria aprobado, mientras nueve de cada diez adolescentes trabajadores lo hace sin derecho a la seguridad social. Hagamos nuestros los problemas que enfrentan cada uno de los 4.75 millones de adolescentes guatemaltecos, a los que el Estado asigna apenas nueve centavos de cada quetzal ejecutado en el presupuesto público.