Las denuncias en contra de delitos contra el ambiente nunca son atendidas por las autoridades, sencillamente las reciben y no actúan, la tala ilegal, la contaminación de ríos y lagos, el humo de camiones y camionetas, los basureros en vía pública, pero, eso sí, si alguien es denunciado y se dan cuenta de que es un empresario con buen capital, allí sí vuelan.

Esta semana fue denunciada una empresa que construye una carretera privada que de Amatitlán conduce a la capital. La denuncia era por no tener licencia. Se hicieron presentes el Conap —Consejo Nacional de Áreas Protegidas—, el Inab —Instituto Nacional de Bosques—, el Ministerio Público, Conred, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas y Diprona —policía especializada en delitos contra el medio ambiente—. De inmediato procedieron a la captura del Ing. Ricardo Rodríguez, por no tener la licencia respectiva en su mano. Procedieron a dejar la maquinaria en custodia y paralizar los trabajos. La licencia se presentó por personeros de la empresa posteriormente. El ingeniero recobró su libertad. ¡Qué eficiencia! Esta policía Diprona es quizás una de las más cuestionadas dependencias del Ministerio de Gobernación, se mete en todo lo que no le compete, pero eso si ve que hay plata allí está. Han detenido camiones con todas sus licencias en orden, pero ponen cualquier pretexto para retenerlos. Ahora andan detrás del jade, mientras la tala ilegal sigue ante su permanente indolencia. Para eso sí son eficientes.

Por el contrario, el sábado 13 de este mes, en un bus que retornaba de la manifestación de la Plaza de la Constitución, viajaban tres delincuentes con orden de captura, dos de ellos, por la matanza de Los Pajoques, en San Juan Sacatepéquez. La Policía, enterada de su presencia en el bus, procedió al registro. De inmediato los pasajeros se comunicaron diciendo que los detenían por haber ido a manifestar, lo cual era falso; la intención era detener a los delincuentes. De nuevo se hace presente la Procuraduría de los Derechos Humanos, el diputado Amílcar Pop y un abogado de apellido Beltetón, y entre los tres y los pasajeros impiden la captura de los sindicados. Complicidad delincuencial. ¿Es delito o no?

Este diputado Pop parece ser intocable y se cree omnipotente. El 8 de agosto del año 2013 le envía el Oficio No. 135-2013 al Renap, en el cual exige se extienda el DPI a Rigoberto Juárez Mateo. Este es el responsable de la quema de maquinaria y secuestro de funcionarios públicos en Barillas, Huehuetenango, personaje que desapareció, y se dijo que había tenido una desaparición extrajudicial, y hasta tenía partida de defunción. Durante cierto tiempo permaneció escondido, y lógicamente personeros de la empresa hidroeléctrica fueron acusados de tal hecho. Después de que hasta pensión cobró su familia, decide aparecer, y lógicamente en Renap tiene un trámite para darle de alta a un supuesto fallecido, procedimiento poco común y utilizado en ocasiones para estafar a compañías de seguros. Lógicamente todo lleva un proceso y no se debe proceder con celeridad, por el tráfico de influencias de un diputado o cualquier otro funcionario público.

Hemos sabido de ese acostumbrado tráfico de influencias ya conocido. Los diputados influencian a ministros, alcaldes, Cocodes, gobernadores, secretarías y hasta el mismo Ejecutivo para beneficiarse o favorecer a sus compinches.

Ojalá los funcionarios presionados por estos aprovechados tuvieran las agallas de públicamente denunciarlos, pero aquí es común, a cambio de favores, condescendencia.

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