Tal y como se había predicho, el Congreso concluye su período ordinario de sesiones en medio del bochorno, al no poder impulsar ninguna agenda de relevancia y frenar el avance de las reformas al sector justicia, entre cuyos máximos opositores están los representantes del partido oficialista FCN-Nación, quienes se han encargado de boicotear las discusiones.

Ni la reforma constitucional ni la interpelación del ministro de Comunicaciones pudieron avanzar ante el boicoteo de una bancada nutrida de impresentables tránsfugas, quienes no parecen tener un norte y por eso caen en una actitud pusilánime cuando se trata de darle impulso a reformas cruciales para la independencia del sector justicia.

El pasado martes, cuando se iban a plantear preguntas reveladoras al ministro Aldo García, los efecenistas abandonaron el hemiciclo para romper el quórum y posponer el juicio político para hoy, con lo que se estanca ese proceso y la discusión de cualquier iniciativa, en un período que ha sido uno de los más estériles de la historia parlamentaria.

Ayer, los oficialistas volvieron a hacer lo mismo cuando se empezaba el debate del polémico artículo 209 sobre la creación de un consejo administrativo para el Organismo Judicial, y sin siquiera llegar a conocer detalles, argumentos en contra o a favor, volvieron a boicotear la sesión, rompiendo el quórum, con lo cual comprometen ahora la endeble presidencia del Legislativo, que deberá buscar darle continuidad a la discusión mediante sesiones extraordinarias.

De hecho, el presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla, declaró ayer que incluirá en la agenda de las sesiones extraordinarias de las próximas semanas la continuidad de ese debate, pero quizá ni él mismo se lo crea, pues ha sido uno de los liderazgos más débiles, y ante una gavilla dominada por oscuros intereses, es probable que sus esfuerzos fracasen.

Los antecedentes sobre ese proyecto refuerzan esa posibilidad, pues uno de los primeros artículos que los diputados alteraron en su propio beneficio fue el relativo al antejuicio, al manipularlo para conservar una inmunidad con aroma a impunidad, ante los numerosos procesos enderezados en contra de varios legisladores.

Luego, se pusieron en mayor evidencia cuando llegó el turno del artículo relativo a la justicia indígena, el cual alteró los ánimos. Sin embargo, de manera prudente, los líderes de las comunidades indígenas solicitaron retirarlo de la discusión, pero una vez más se buscó un nuevo pretexto para entrampar el debate.

La fallida continuidad de las discusiones sobre la modernización del sistema de justicia solo ha puesto en evidencia al oficialismo y a los tránsfugas sobrevivientes de los partidos Patriota y Líder que, agazapados, también continúan apoyando cualquier esfuerzo orientado a mantener a jueces y magistrados sometidos a un modelo vergonzoso de justicia.

Debe reconocerse que la cobardía de muchos diputados y de quienes los financian se explica por el temor de que se materialice un sistema judicial independiente, que actúe de manera ética, responsable y sin ataduras a estructuras mafiosas responsables de la cooptación del Estado.