Al estar a 12 mil km de Guatemala, me sorprendió saber que la gente de un país lejano hablaba de mi país. Los sitios digitales de noticias informaban sobre la trágica muerte de más de 35 de niñas albergadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, en un incendio —encerradas bajo llave en una institución que se supone vela por el bienestar de la infancia.

Se me estruja el corazón al imaginar su dolor, la forma en que fueron truncadas sus vidas, sus sueños y su esperanza por un mejor futuro. De por sí, estas niñas buscaban escapar de la violencia, de la pobreza, de abusos sexuales que ya habían lastimado sus alas, pero que no habían roto ni su dignidad ni su derecho a una vida mejor.

Al reflexionar, con tanta pobreza, quizá nuestros hijos e hijas, pueden ser candidatos a ser niño institucionalizado, como tantos otros de nuestras comunidades, en el entendido de que esta condición busca la protección integral, el interés superior del menor y la garantía de su vida. Vida que 38 niñas perdieron de una manera terrible, escandalosa.

Viene a mi mente la trillada frase: “Los niños y los jóvenes son el futuro del país”. Repetitiva pero cierta porque la he dicho más de alguna vez en conferencias, porque creo en ella. Pero esa premisa pierde sentido si en los planes del presente no contemplamos a la niñez y juventud. Ellos son semilla, pero hay que cultivarla, velar por su vida y crecimiento desde hoy.

Es imperioso dilucidar la causa y las responsabilidades de la devastadora muerte de estas niñas, pero también asegurar y garantizar la vida, educación y formación de quienes sobrevivieron, así como la de tantos más que mueren a diario por causa de la violencia delictiva, la desnutrición y la indiferencia.

Las cifras relacionadas con la situación de nuestros niños son desgarradoras. Más del 39 por ciento de la población menor de 15 años vive en pobreza y cerca del 46 por ciento dentro de ese mismo rango etario vive en indigencia (extrema pobreza), según el Informe de la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala de la Oficina de Desarrollo Humano del Arzobispado.

El estudio agrega que para 2012, el porcentaje de denuncias por casos de agresiones sexuales contra niñas y niños fue del 13.7%; en los dos años próximos la tasa aumentó a más del 14% (hasta octubre de 2014).

El Estado, principalmente a través de su institucionalidad es responsable de garantizar los derechos de todas y todos, no digamos de proteger la integridad de los más vulnerables como las niñas y niños. Peor aún, cuando en el núcleo familiar no existen condiciones para esa primera protección. Pero también, como sociedad, como personas debemos preguntarnos qué hemos hecho para no tener que llegar al extremo de ser indiferentes de lo que vive la niñez y la juventud.

Desde el ámbito privado, las empresas y emprendedores podemos y debemos aportar más en favor de las necesidades en estos centros de atención a la niñez y adolescencia, en donde sin duda hay grandes talentos para la ciencia, el emprendimiento y la investigación, verdaderos diamantes sin pulir que con su brillo pueden reescribir un mejor futuro para Guatemala.

MarcosAntil.com