Ni los constituyentes que redactaron la actual Constitución Política de Guatemala ni la legislatura que en 1994 le hizo varias modificaciones pudieron prever que las mafias le jugarían la vuelta al documento rector de nuestras relaciones sociales y políticas. Mucho menos se puede confiar tal tarea a los diputados actuales.

Una de esa trabas, que de hecho es la que ahora tiene estancado un debate entre algunos legisladores que se oponen a la modernización y a la independencia del sector justicia, es el de las comisiones de postulación, instancia que se prostituyó al extremo de ser la causa del surgimiento de universidades con el único fin de tener derecho a participar en la postulación de candidatos a dirigir instituciones de mucha relevancia.

La Constitución cumple 32 años, en medio de un debate sobre reformas como esa, necesarias para rescatar la independencia del sistema de justicia, el cual en los últimos años entró en una degeneración que incluso llevó al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a acusar a abogados de traficar influencias para favorecer a determinados candidatos.

Solo ese apartado amenaza con perpetuarse y continuar maniatando a un sistema si no se aprueban cambios para elegir de manera menos bochornosa a magistrados de las más altas cortes y también para evitar que a su vez algunos de ellos adquieran compromisos con sectores oscuros a cambio de votos interesados.

Han transcurrido más de tres décadas desde que se plasmó una esperanza de cambio en el texto constitucional y solo una reforma fue impostergable, precisamente cuando el país resurgió de una de sus peores crisis, inspirada por las mafias incrustadas en los tres poderes del Estado, pero sobre todo en el Congreso y en el Ejecutivo, donde sus líderes trataron de atrincherarse en el poder, como fue el caso del aprendiz de dictador, Jorge Serrano, quien acusaba a los diputados de chantajistas.

Un segundo intento por modernizar los tres poderes del Estado fracasó estruendosamente en 1999, cuando se convocó a la consulta popular, pero el abstencionismo llegó al 81 por ciento y las cincuenta preguntas que se le hacían a la población también salieron perdedoras. Una de ellas era precisamente la que buscaba mayor reconocimiento a los pueblos indígenas.

El padrón electoral de esa época registraba 4.8 millones de ciudadanos aptos para votar, pero a las urnas apenas acudieron 757 mil 940 votantes, un 18.55 por ciento de los registrados, lo cual se tradujo en el mayor fracaso para el gobierno de Álvaro Arzú, que con ello buscaba darle mayor cumplimiento a lo establecido en los acuerdos de paz, con lo cual la mayoría de una marcada minoría decidió sobre reformas que pudieron haber sido históricas.

Hoy, Guatemala se vuelve a enfrascar en una nueva discusión sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución, con la mira puesta en cerrarle opciones a la corrupción, pero una vez más la discusión se ha entrampado en el Congreso, cuyos integrantes tampoco gozan de la confianza para asumir semejante reto, lo cual conspira para el fortalecimiento del estado de Derecho.