La gobernanza en Guatemala va por mal camino y los primeros en ponerse manos a la obra o en prestar atención al sentimiento ciudadano y a los mensajes de la diplomacia deberían ser quienes más reacios se muestran y hasta acrecientan la percepción de que sus esfuerzos se orientan a descarrilar importantes avances, todo lo cual se enmarca en un creciente tono de abuso e intolerancia.

Esta semana no solo se hicieron supremos esfuerzos, políticos y económicos, por afianzar uno de los modelos más inviables, sino que se retomó la ofensiva para desbaratar a la Cicig, todo lo cual se hizo con sigilo, al extremo de pedir en las Naciones Unidas que el tema sobre la Cicig recibiera un trato de privacidad, como si no fuera de alta relevancia.

La insistencia en quejarse ante la ONU del jefe de la Cicig en Guatemala constituye una nueva equivocación del actual gobierno, porque simplemente se cumplió con un procedimiento de denuncia que, de antemano, estaba condenado al fracaso, a causa de que esta administración no tiene la credibilidad necesaria como para llevar un reclamo de esa naturaleza a Nueva York.

De hecho, un primer golpe lo recibió la bisoña representante de la diplomacia guatemalteca en Washington, donde antes de continuar su viaje a Nueva York recibió un cordial pero firme recordatorio de Thomas Shannon, secretario de Estado para Asuntos Políticos, sobre el convencimiento de Estados Unidos de respaldar las labores de la Cicig. Ese mensaje fue ratificado por el embajador Luis Arreaga, quien a preguntas de los periodistas manifestó su respaldo incondicional a esa oficina.

Poco después de que la canciller concluyera su fría cita con António Guterres en la ONU, en la Universidad de Austin, el secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmaba: “En Guatemala seguimos apoyando a la Cicig… El 2018 debe ser el año en que los países de este hemisferio restablezcan la confianza con las personas a quienes representan y que den pasos serios contra la corrupción”.

Fue un mensaje cargado de simbolismo porque resulta difícil creer que de motu proprio un funcionario de alto rango haga una concreta alusión a un tema crucial en la coyuntura guatemalteca, por lo cual debe verse como resultado de una estrategia del Departamento de Estado, impulsada desde diferentes esferas.

Lamentablemente, esos mensajes inequívocos parecen caer en oídos sordos en Guatemala, porque es notorio que aquí la corrupción se ha vuelto un enorme problema, sabiendo que la influencia de numerosas mafias en las políticas públicas representa riesgos adicionales de seguridad y gobernanza, lo que también debe tomarse como un mensaje reiterado porque el país no está haciendo suficientes esfuerzos para combatir la impunidad, la corrupción y el narcotráfico, como ahora reclama el presidente Donald Trump.

Nuestro preocupante cuadro ha trascendido nuestras fronteras y por eso tanto Shannon como Tillerson y Arreaga se esfuerzan por dejar claro cuáles son los temas que preocupan a Estados Unidos en el combate de las mafias, pero sobre todo por recordarles a las autoridades guatemaltecas que la labor que se percibe no es suficiente o parece ir en una dirección distinta a la deseable.