Uno de los más poderosos aliados en la lucha contra la corrupción es el decreto 10-2010, Ley de Extinción de Dominio, gracias al cual se ha enviado un poderoso mensaje a quienes a la sombra del poder se han enriquecido de manera inexplicable, acumulando bienes cuyo valor no podría ser cubierto en manera alguna con los salarios que se pagan en el sector público.

Ayer se produjeron dos hechos que apuntalan esa batalla. El Juzgado de Extinción de Dominio dictaminó pasar a poder del Estado un edificio propiedad del exdiputado y prófugo de la justicia Baudilio Hichos, valuado en nueve millones de quetzales y que habría sido el producto de una negociación oscura para rentarlo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula.

También pasaron a poder del Estado una oficina y nueve parqueos propiedad de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien igualmente ha perdido varios bienes en similares circunstancias por no haber podido demostrar que su adquisición fue lícita.

Hichos, Monzón y otros funcionarios apresados y en procesos por corrupción ejemplifican el abuso e inmoralidad que se volvió práctica generalizada durante el gobierno del Partido Patriota, por la cual muchos de ellos acumularon bienes sin contar con los ingresos ni el respaldo financiero para esas adquisiciones.

A través de audiencias similares se han conocido detalles sobre gastos millonarios en los que incurrieron Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina para remodelar sus viviendas o las fincas que ambos poseían en Chimaltenango, junto a lo cual también habían surgido denuncias sobre la adquisición de otros bienes como helicópteros y ostentosos vehículos terrestres y acuáticos.

Hichos, por su parte, constituye uno de los ejemplos más palpables del proceder de muchos diputados durante los últimos gobiernos, que tras una larga y oscura trayectoria en el parlamento encontraron el modo de burlar los controles o ablandar voluntades, lo cual los convirtió en prósperos empresarios, condición que se facilitaba por el contubernio con otros funcionarios.

Monzón se convirtió en el mejor y más notorio ejemplo del tráfico de influencias y en un negociante que actuaba bajo las directrices de las más altas esferas de poder, que aprovechaba en su propio beneficio. Esto le permitió también acumular de manera inmoral bienes para los cuales no contaba con la más mínima posibilidad de adquirir con su sueldo.

Si bien es cierto que la Ley de Extinción de Dominio ha facilitado el embate de funcionarios corruptos, también lo es que esto ha sido posible por la correcta aplicación de esa normativa en manos de jueces honestos. Esto ha permitido la recuperación de millonarios recursos en poder de la delincuencia organizada.

De hecho, los casos hasta ahora sometidos a extinción de dominio han sido favorables para el Estado, porque tanto los delincuentes comunes como los políticos no han podido demostrar el origen de propiedades y recursos, algo que solo ratifica la enorme corruptela.