La lógica tradicional parecía irrefutable: allí donde hay un bajo nivel de desarrollo y altos niveles de pobreza y desesperanza, las personas son más propensas a actuar al margen de la ley y cometer actos violentos. Sin embargo, y a pesar de unos niveles sin precedentes de crecimiento económico y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe en la última década, la región sigue experimentando altos niveles de criminalidad y violencia.

Entre 2003 y 2013, la región recortó la pobreza extrema a menos de la mitad, a 11,5%, mientras que la pobreza total descendió de manera dramática de 42 a 24,1%. Por primera vez en la historia, hay más personas de clase media en la región que viviendo en la pobreza, elevando las expectativas de una vida mejor.

Sin embargo, la criminalidad y la violencia siguen siendo problemas enormes. Entre 2005 y 2012, los homicidios crecieron a una tasa tres veces más rápida que la misma población. No es de extrañar que el número de latinoamericanos que mencionan al delito como su mayor preocupación se haya triplicado en esos años. La violencia hace que las personas se retraigan, se oculten tras puertas cerradas y eviten los espacios públicos, debilitando los lazos interpersonales y sociales que nos unen como comunidad.

La relación entre el desarrollo y la criminalidad y la violencia es recíproca. Por un lado, no podemos decir que el crecimiento económico y el progreso social no tengan un impacto en la reducción de la criminalidad y la violencia. La lección que sin duda deberíamos extraer de la década pasada es que el desarrollo es necesario pero no suficiente para controlarlos. Además de desarrollo, se debe implementar una combinación de políticas probadas e integrales para prevenir estos flagelos y traer paz y seguridad a nuestras calles.

Por otro lado, la criminalidad y la violencia afectan el desarrollo. Si bien es prácticamente imposible poner un precio a este fenómeno, sabemos con certeza que la región ocupa el primer y segundo puestos mundiales en términos de porcentaje de empresas que sufren pérdidas relacionadas con la criminalidad y costos relacionados a la seguridad, respectivamente. Con base en encuestas a empresarios, podemos estimar que la criminalidad y la seguridad les costaron US$144.000 millones a las empresas privadas de la región en 2010. En total, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que el costo anual para la región llega a US$261.000 millones.

La inseguridad es el resultado de una combinación de múltiples factores, desde el tráfico de drogas y el crimen organizado, pasando por sistemas judiciales y de cumplimiento de la ley débiles que fomentan la impunidad, hasta la falta de oportunidades y apoyo para aquellos jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas.

Es por ello que no existe una fórmula mágica. No resolveremos el problema sólo con más acciones policiales, más encarcelamientos, más educación o más empleos exclusivamente. Debemos hacer todo esto, de una manera integral, con base en datos fidedignos y estrategias probadas.

vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe