No se puede soslayar que la elección de fiscal general de la Nación en Guatemala no solo es un proceso de evaluación de competencias y capacidades, sino un evento político en el que intervienen intereses y posturas ideológicas.

Es natural en estos procesos porque, en el fondo, las evaluaciones finales con mayor peso crítico giran alrededor de consideraciones ideológicas, con sus valores, creencias y asociaciones colectivas conexas.

En los Estados Unidos, para tomarlo como ejemplo, la elección para ser juez de la Corte Suprema de Justicia es un evento donde, a partir del candidato propuesto por el presidente de la República, ambos partidos políticos inician audiencias y externan sus preferencias y/o críticas. A pesar de que hay un periodo de amplio escrutinio público en el que se discuten sus preferencias, posturas, ideología, fallos jurídicos y hasta aspectos de su vida privada, al final, la confirmación es una cuestión de quién tiene más votos en el senado. Para Fiscal General el procedimiento es similar, aunque el proceso no es de tanto perfil político.

El perfil idóneo del Fiscal General en Guatemala, evidentemente, es tener la experiencia, formación, competencias y calidades académicas necesarias, pero más importante es que pueda cumplir con la ley, aplicando, dentro de un amplio abanico de decisiones, su pensamiento crítico, para cumplir con su misión principal, la cual debe ser libre de injerencias y presiones de cualquier tipo, apegándose más al imperio de la ley basado en el derecho común (common law).

Un buen fiscal general no sacrifica su relación con el Presidente iniciando una orden de captura contra su hijo y hermano sin haber llevado a cabo una cuidadosa evaluación de las repercusiones de tal acción. ¿Cómo se puede manejar y a qué costo político? En términos de prioridad, ¿qué pesa más? ¿Qué se gana y qué se pierde al convertirse en un enemigo del presidente de la República? ¿Eso ayuda al cumplimiento de su misión o la constriñe severamente?

Es de suma importancia en un buen fiscal tener claro el enfoque estratégico de su misión: ¿Le dará prioridad a investigaciones sobre genocidio o crímenes de guerra acaecidos durante la guerra fría y el conflicto armado interno hace 30 años, involucrando los recursos, la atención y el enfoque del Ministerio Público en un descomunal despliegue mediático y político? ¿En términos de prioridades reales, esto es prioritario al combate de la corrupción, la delincuencia, narcotráfico y el crimen organizado?

Tampoco debe dejarse involucrar en casos como el de Erwin Sperisen, Carlos Vielmann y Alejandro Giammattei, con todas las implicaciones, polarización y desgaste que tales acciones generan, no solo para Guatemala, sino para el Ministerio Público.

Un buen fiscal ejerce su figura y poder de convocatoria para generar cambios de enfoque y estrategia en un sistema de justicia semicolapsado en el que el 54% de los detenidos se encuentran en prisión preventiva. Consciente de ello privilegia medidas sustitutivas, brazaletes electrónicos, arresto domiciliario, arreglos y procesos abreviados, habida cuenta de que el hacinamiento del sistema penitenciario es inmanejable e inhumano. Así mismo, maneja con cautela la figura de testigos protegidos con hampones y asesinos en juicios de alto impacto.

Ante todo, el nuevo Fiscal General debe hacer una evaluación de la relación con la Cicig durante estos últimos once años y sopesar los costos y beneficios en términos de fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades y competencias de su personal.

Por último, es vital para el nuevo Fiscal General marcar distancia con la llamada “sociedad civil”, que en su mayoría es un pequeño movimiento de activistas de derechos humanos selectivo, antimilitar, progresista, antiempresarial, que busca jueces y fiscales afines para sus propias agendas. Ojalá remonte ese vuelo…

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