En un acto público a celebrarse el próximo jueves, 17 del mes en curso, en la Biblioteca Nacional, a partir de la tres de la tarde, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, abogado Miguel Ángel Gálvez, responderá preguntas sobre diversos tópicos de la administración de justicia en Guatemala.

No responderá, en cambio, por motivos legales, preguntas relacionadas con casos que tiene bajo su conocimiento el tribunal que preside.

El juez Gálvez pasará destacadamente a la historia de la judicatura en Guatemala, por estar enviando a prisión a numerosos exfuncionarios que cuando estaban en el ejercicio de sus cargos incurrieron, según los fiscales acusadores, en delitos, y entre los muchos encarcelados figura un expresidente y una exvicepresidenta de la República.

El trabajo del citado juez ha merecido reconocimiento nacional e internacional y, como es explicable, se ha granjeado la antipatía y el odio de muchos de los afectados, y de familiares de estos o de quienes comparten con los procesados responsabilidad por lo que el Ministerio Público —el ente oficial acusador— considera probadas violaciones a la legislación penal.

En mayo de 2016 ese juez fue objeto de amenazas graves y el ministro de Gobernación de aquellos días —abogado Francisco Manuel Rivas— admitió haber recibido informes de que estaba siendo preparado un atentado contra el juez. El lugar escogido por los conspiradores era la torre de los tribunales. Pero, afortunadamente, nada ocurrió.

Sobra decir que otros jueces han sido también objeto de intimidaciones; y es que Guatemala pasa por tiempos en los que la criminalidad rebasa todos los límites imaginables y su poder de ataque supera la capacidad preventiva de los servicios de seguridad del Estado.

Pero, hay jueces guatemaltecos que son como Emilio Papiniano —brillante jurista romano de la antigüedad—, que se negó a justificar el asesinato cometido por el emperador Caracalla contra su hermano Geta, a sabiendas de las consecuencias que el jurista habría de sufrir.
El problema fue que nadie protegía a Emilio Papiniano, y los jueces guatemaltecos suelen estar, como él, sin protección alguna, más que la de su conciencia y su sabiduría.

Por los fallos del juez Gálvez hay numerosos detenidos, bajo normas de prisión preventiva, a la espera de condena; otros han sido condenados, y no faltan aquellos a los que el juez ha otorgado una medida sustitutiva colocándolos bajo arresto domiciliario.

Ser juez del ramo penal estos días en Guatemala no es una cucharada de miel. Todo lo contrario. El país está envuelto en una tormenta. Hay una lucha entre poderes estatales y el poder del Derecho constitucional, y salvo hechos imponderables que lo impidan, todo parece que Guatemala camina hacia una suspensión de las garantías constitucionales.

En todo caso, el Estado de Derecho está gravemente lesionado. Un país donde las resoluciones de los tribunales de justicia no son acatadas, es un país sin ley, y se hunde en la barbarie.

El acto al que asistirá el juez Gálvez, organizado por Fraternidad Normalista, tiene por fin conmemorar la fundación de la Escuela Normal Central de Varones, que inició sus labores docentes el 19 de enero de 1873, durante el Gobierno del presidente liberal Justo Rufino Barrios. Esta celebración se produce todos los años. Otro de los puntos del programa conmemorativo será la fundación de la Asociación Nacional Normalista, entidad no religiosa, ni política, ni sindicalista ni lucrativa, según han informado los promotores de la nueva entidad de profesionales.