En un mes, la Cicig y el MP desmantelaron tres estructuras del crimen organizado infiltradas en las instituciones estatales. La Línea, el Bufete de la Impunidad y el fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Sin olvidar el golpe propinado en septiembre del año pasado a la banda de extorsión en el sistema penitenciario liderada por Byron Lima Oliva.

Lo que tienen en común estas redes es que entre sus cabecillas se encuentran militares retirados con antecedentes criminales que datan de décadas atrás como lo muestran las investigaciones del diario elPeriódico. Según este diario, el Centro de Medios Independientes y otros; estas redes se gestaron como parte de la política contrainsurgente que tenía como objetivo el control de las aduanas, migración y sistema de justicia. Posteriormente, fueron ampliando su ámbito de operación al resto de instituciones del Estado, convirtiéndose en un cáncer social que a través de la corrupción y la impunidad consumen al pueblo de Guatemala.

Vemos entonces a un Juan Carlos Monzón Rojas, militar dado de baja por el Ejército e implicado en la red Moreno —la antecesora de La Línea—, con historial de robar vehículos. A Juan de Dios Rodríguez, exoficial de inteligencia militar, señalado de ejecutar a personas por pensar diferente al orden establecido en tiempos del conflicto armado interno. No se diga de Byron Lima Oliva, capitán del Ejército, condenado por el asesinato del Obispo Juan Gerardi.

Hay, al menos, tres aspectos a señalar de la forma en cómo operan estas redes criminales: El primero, son personas allegadas al presidente Otto Pérez Molina y a Francisco Ortega Menaldo, exjefe del Estado Mayor de la Presidencia —actualmente SAAS— acusado de pertenecer a la criminal red Moreno. El segundo, Byron Lima y Juan de Dios, egresaron de la misma promoción en la Escuela Politécnica.

El tercero, las redes a las que pertenecían mantenían un actuar entretejido. Por eso es que contaban con los servicios del Bufete de la Impunidad que les servía de enlace con el Organismo Judicial. Así, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la presidenta de la Cámara Penal, Blanca Stalling Dávila, y sobrino de la jueza Marta Sierra de Stalling, era el mandadero de los sobornadores en La Línea y en el IGGS.

El fraude y la ineficiencia de la droguería Pisa se cobró la vida de 15 pacientes renales y cien resultaron con serias complicaciones de salud. Ante esas graves violaciones al derecho a la salud y a la falta de una atención médica digna, Juan de Dios Rodríguez respondió que “Es normal que las personas mueran por insuficiencia renal” y “Con los enfermos renales no se puede hacer más que alargarles la vida”.

Esas injusticias del presente son la continuidad de políticas genocidas del pasado. El drama humano en el IGSS conmueve e indigna. El poder ciudadano puede sentar precedentes para que nunca más lleguen a las instituciones del Estado funcionarios repudiables que, en el pasado, segaron con balas la vida de miles de inocentes y en el presente con corrupción paulatinamente acaban con la vida de las personas.

¡El 30 de mayo vayamos a manifestar!