La manifestación que se aproxima no debería ser vista como un reclamo emotivo y simbólico. Cuando se exige el derecho al agua, la tierra y sus recursos, personas hay que toman la protesta como asunto de soñadores, como algo que debemos apoyar cerrando bien los chorros o lavándonos los dientes con medio vaso de agua. Quiero decir algunos tergiversan, con ingenuidad o con ignorancia calculada, las protestas en nombre de la tierra para conveniencia del Estado y de los pocos que niegan la realidad.

Lo hacen así porque es más fácil dominar una situación de quijotes que atender sus requerimientos. El problema del agua no tiene que ver solo con el consumo en casa. Tampoco es un castigo de la madre naturaleza, que viene desde el Polo Norte, debido a la falta de conciencia de los rusos, los estadounidenses o los chinos que “deberían ponerse la mano en la conciencia” y evitar el calentamiento global. Tales argumentos son fáciles de bañar con un dulce llamado hipocresía que oculta toneladas de peces muertos, millones de personas afectadas en nuestro país y aguas servidas vertidas en nuestros lagos.

En realidad, el problema del agua tiene que ver con el robo de ríos; con la contaminación industrial, con el abuso de grandes empresas que destruyen el ecosistema, con su desorden y mal aprovechamiento; eso y más sucede porque no hay una ley que regule sus acciones. Y eso que la Constitución Política ordena que haya una Ley de Aguas. Hay una propuesta de ley en el Congreso y ha sido ignorada, gobierno tras gobierno.

A muchos conviene que no haya regulación ni penas por las desgracias que ocasionan. Por lo mismo, añaden otra falacia, una más injusta, que quienes reclaman el agua como un bien común son enemigos del desarrollo. Es un argumento falso y fácil, propio de mentalidades decimonónicas. La criminalización de las protestas y la tergiversación de las exigencias son formas cicateras de manosear el problema.

Ahora bien, ¿qué tan efectivas son las protestas si se quedan en el grito ahogado, en la denuncia de los interpelados? Las protestas valen según las soluciones que plantean. Por eso, la Marcha por el Agua, la Madre Tierra el Territorio y la Vida se aproxima con pasos seguros e inéditos. Se concentrará en la Plaza de la Constitución, el 22 de abril, instalará allí el Tribunal de Conciencia de los Pueblos de Iximulew y concretará sus requerimientos ante los tres poderes del Estado.

No es un reclamo poético sobre la tierra, esta marcha es el resultado de la histórica sordera que el Estado ha mantenido sobre un problema que tiene que ver con la extrema pobreza, la ignorancia, el robo, el crimen organizado y el desorganizado. Inició en Tecún Umán, San Marcos, el 11 de abril; en Purulhá, Baja Verapaz, el 13, y llegará a la capital el día indicado.

Al mismo tiempo, como ríos que confluyen en el mismo mar, la marcha coincide en intereses con la citada propuesta de Ley de Aguas que tiene el Congreso. Se trata de un documento realista, técnicamente viable, sustentado y desarrollado a partir de la iniciativa 3702, engavetada desde 2008. Esa propuesta propone la creación de 12 regiones hidrográficas con sus respectivas autoridades de cuenca (Web: “El Proyecto Aaguate y la Ley de Aguas”). Es una propuesta de ley que beneficiará al país y puede armonizar con pobladores, empresarios respetuosos del bienestar común, autoridades legítimas como los 48 Cantones de Totonicapán y otras que buscan el bienestar común. Los diputados tienen al alcance de la mano la oportunidad histórica de atender la voz de la marcha y de dar una solución al problema.

@juanlemus9