Faltan apenas siete días para el 30 de noviembre, lapso en el cual el impresentable Congreso de la República se reunirá en tres sesiones para aprobar el Presupuesto General de la Nación y elegir nueva directiva. Dos hechos imposibles de realizar en forma medianamente aceptable en ese cortísimo tiempo.

Del presupuesto nacional se habla de 85 mil millones de quetzales, tres mil millones menos de lo solicitado por el Ejecutivo, y seis mil millones más del presupuesto del 2016. La recaudación ni siquiera llegará a los 63 mil millones previstos, un déficit de más de 16 mil millones de lo proyectado para el 2017, y por eso la única manera de conseguir el dinero, gastado casi todo en funcionamiento, es con la venta de bonos y deuda.

En cuanto a la Directiva, el asunto es preocupante. No es necesario elegirla en este momento y los rumores son constantes de que existe un interés oscuro para lograr votos favorables a Javier Hernández, sin mérito alguno, para presidir ese organismo estatal.

Hernández fue uno de los artífices del inmoral pacto de corruptos y de la ley que, por tal de beneficiarlo a él, a políticos presos y a otros como Orlando Blanco, de la UNE, e incluso al presidente Jimmy Morales por haber sido secretario general de FCN-Nación, dejaba en libertad a mareros y otros delincuentes. Ante la presión nacional abrumadora, los 107 firmantes de la norma debieron dar marcha atrás. No pudieron cubrir a quienes han recibido fondos oscuros para financiar campañas.

Con esta segunda maniobra sobre la que debieron dar marcha atrás no lograron aplacar, ni con el supuesto arrepentimiento, mucho menos el olvido, a los ciudadanos, ni quitar el desprestigio del Congreso guatemalteco ante la comunidad internacional, interesada en los asuntos de este atribulado país, como lo comprueban las críticas de instituciones y personajes extranjeros.

La directiva del Congreso no puede, por ninguna circunstancia, tener entre sus integrantes a quienes firmaron esas dos leyes mencionadas. Es el mínimo castigo para quienes actuaron de esa manera. Llevarlos a esa mesa de dirección parlamentaria constituye un premio para ellos y una burla a la ciudadanía. Quienes han cometido esos u otros abusos no merecen ejercer cargos de relevancia ni recibir el apoyo indirecto o directo de representantes de alguna jerarquía nacional o internacional en cualquiera de los campos académicos, diplomáticos, religiosos y demás.

Es importante volver a señalar la repulsa pública a quienes actúan en esas formas imposibles de aceptar, porque sus consecuencias van en detrimento del prestigio de los poderes del Estado, hoy en una crisis de credibilidad nunca vista. Cualquiera entiende la regla económica en el hogar según la cual no se puede gastar más de los ingresos ni vivir de prestado. Igualmente, la necesidad de una sanción a los diputados, quienes además son electos en forma inmerecida porque son parte de un paquete, el cual ha sido decidido por los dueños de los partidos.

Tampoco son difíciles de entender los malos efectos de decisiones políticas y económicas tomadas a la carrera, por motivos politiqueros y personas sin interés por actuar en beneficio de los guatemaltecos.