Guatemala arrastra enormes rezagos en muchos indicadores de desarrollo, y hasta ahora ningún gobierno ha logrado equilibrar esas penosas estadísticas, pero quizás lo más lamentable es que muchas de las respuestas gubernamentales en áreas específicas surgen como reacción a una tragedia.

El pasado 8 de marzo se cumplió el primer aniversario de uno de los más tristes episodios en la historia nacional, la muerte de 41 niñas —y 15 más quedaron con cicatrices de por vida— en un hogar bajo responsabilidad del Estado, y el Gobierno presentó la Política de atención a la niñez y la adolescencia, iniciativa que responde a demandas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La tragedia que enlutó a numerosas familias motivó la exigencia de mayor responsabilidad hacia quienes tienen bajo su cargo el cuidado de la niñez, pero también el surgimiento de mayor conciencia sobre ese sordo drama, lo cual no necesariamente encuentra eco en el aparato gubernamental.

Durante la jornada que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, fue enfático en afirmar que persisten riesgos y amenazas sobre los menores, como el maltrato, pero también es obvio que tampoco han mejorado las condiciones en los centros oficiales que tienen bajo sus obligaciones el cuidado de ese sector de la población.

Una de las causas de la enorme vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia guatemalteca en riesgo es que las autoridades siguen sin tomarse en serio sus obligaciones, pues al frente de oficinas específicas se tiende a poner a cercanos colaboradores de las agrupaciones políticas o de diputados, como ocurre con la mayoría de la burocracia, relegando a profesionales que incluso podrían mejorar la imagen gubernamental.

La tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es uno de los peores ejemplos de esa actitud indolente, pues se incurrió en una enorme irresponsabilidad al dejar bajo llave por un período tan largo a las adolescentes, quienes aún antes de que se desatara el infierno pidieron ayuda a gritos y la respuesta desnudó la insensibilidad y el abuso con el cual actúan muchos funcionarios en dependencias estatales.

Persiste el enorme riesgo de que tragedias de esa naturaleza puedan repetirse, porque las autoridades todavía no dan muestras suficientes de comprender el enorme problema que tienen en sus manos, como es garantizar el bienestar de miles de niños y adolescentes, lo cual empieza por entender que es un reto que involucra a muchas dependencias, lo cual requiere de la participación de funcionarios de reconocida capacidad y sensibilidad.

El número de personas y dependencias vinculadas con esta tragedia evidencia la complejidad de la problemática, pero quizás la lección que nunca debe olvidarse es que Guatemala no puede presumir de la promulgación de normativas o políticas sobre determinados temas a raíz de cada tragedia, como también ocurre ahora con la siniestralidad en las carreteras.