EL PRESIDENTE JIMMY MORALES tomó una decisión positiva al volver la vista hacia el clamor popular de profundizar en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La iniciativa del mandatario parte de la idea de que las enmiendas aprobadas por el Congreso en abril pasado eran insuficientes y solo respondían al interés de la vieja clase política de preservar sus privilegios. Por ello era indispensable impulsar una propuesta con cambios de segunda generación que rescaten el objetivo ciudadano de transparencia, democratización y participación política plena. Esta iniciativa es producto de la discusión de 26 organizaciones civiles de diferente signo ideológico, aunque lastimosamente dejaron en 160 el número de diputados cuando el clamor popular era por la reducción a unos cien.

DE LA INICIATIVA ME VOY a enfocar en la democratización de los partidos políticos, la participación plena de los pueblos indígenas y de las mujeres en las estructuras partidarias y en la escogencia para los cargos de elección popular. La primera medida buscaría romper el monopolio de los partidos tradicionales que responden a las elites urbanas que han puesto precio a las diputaciones distritales. En esa línea se encaminaría la propuesta de la creación de los partidos distritales que podrían participar en elecciones legislativas y corporaciones municipales. Sin embargo, habría que analizar detenidamente esta propuesta para evitar que los caciques políticos, narcotraficantes y grupos de expatrulleros civiles utilicen estos partidos locales para crear estructuras de poder omnímodo y generen un mayor nivel de corrupción, impunidad y desestabilización.

LA INICIATIVA DE INCLUIR en la Ley Electoral la paridad, alternancia e inclusión de los pueblos indígenas y de las mujeres en las estructuras partidarias y las planillas de cargos a elección popular es quizá lo más trascendental de las propuestas. Hasta la fecha, la clase política se ha aprovechado de las comunidades originarias en términos cuantitativos para conseguir votos, pero nunca para darles una plena participación electoral. La posibilidad de que los pueblos mayas, xincas y garífunas tengan una inclusión en igualdad de condiciones con los dirigentes y candidatos ladinos marcaría un hito en la historia política del país. En el caso de las mujeres, las reformas aprobadas en abril dejaron fuera la paridad política por esa mentalidad machista de mantener a costa de todo el estado patriarcal.

EN EL CASO DE LA PARTICIPACIÓN plena de los pueblos indígenas, el principal obstáculo vuelve a ser el sector empresarial. El Cacif, Fundesa y el Movimiento Cívico Nacional se oponen sistemáticamente al principio de paridad, alternancia, proporcionalidad e inclusión de los pueblos indígenas en la conformación de los órganos de dirección de los partidos y en la postulación de candidatos a cargos de elección popular. Al igual que lo manifestaron con el rechazo a la inclusión del derecho consuetudinario maya en la reforma judicial, el sector privado y sus organizaciones afines vuelven a mostrar la cara de la discriminación y el racismo que han mantenido a lo largo de la historia traumática del país. La participación en condiciones de equidad de los pueblos indígenas es un reclamo histórico que no puede postergarse, pese a las manifestaciones segregacionistas de quienes niegan ese derecho a los pueblos indígenas por considerarlos inferiores.

@hshetemul