Son desafortunadas las declaraciones de Alberto Brunori, hasta hace poco, representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Delatan la actitud elitista que caracteriza a muchos funcionarios de organismos multilaterales; creen saber cómo deben vivir los demás y cómo debe distribuirse su ingreso.

Brunori se pregunta: “¿Qué modelo de desarrollo desea el país?” A lo que responde: “Si continúa siendo extractivo y de megaproyectos sin consultas, creo que no está funcionando bien”. No entiendo en qué se basa Brunori para hacer esa afirmación. Si por “extractivo” y “megaproyectos” se refiere a empresas productivas explotando recursos naturales, como la minería e hidrocarburos, en Guatemala hay poca, ya sea con o sin consulta. La industria “extractiva” representa una pequeña fracción de la actividad productiva en Guatemala y dada la conflictividad y demonización que la rodea, la tendencia es a que disminuya. Seguramente no es un “modelo de desarrollo” que impere en Guatemala, para nuestra desgracia y la felicidad de Brunori, ya que los recursos naturales permanecerán bajo tierra, donde han dormido tranquilamente por millones de años. Esto es bajo el lema “es mejor que nadie se beneficie a que alguien se beneficie” y “es mejor que nadie tenga trabajo a que algunos lo tengan”.

El funcionario internacional Brunori considera que “la riqueza está muy concentrada, por lo que es necesario redistribuirla a través de un sistema fiscal”. Esta cosmovisión supone que hay un “distribuidor”, el Gobierno, que sabe mejor cómo distribuir el ingreso y esto resolverá el problema de la pobreza. No somos pobres porque la riqueza está mal distribuida; la riqueza está “mal distribuida” —concentrada— porque somos pobres. El problema no es de repartición, sino de producción. El ingreso de un par de zapatos, unos anteojos o un shuco, está distribuido entre millones de personas alrededor del mundo, y no es probable que un funcionario de gobierno sepa cómo “distribuirlo mejor” sin anular toda la cadena de creación de valor.

Pero la verdadera creatividad de Brunori viene cuando dice “que pague más el que gana más. Es un principio sacrosanto de derechos humanos”. Según Brunori, entre los derechos humanos, sacrosantos, casi divinos, estaría mi derecho a disponer y disfrutar del patrimonio de los que más tienen. Conozco bastantes argumentos relacionados al aforismo “que pague más que el que más tiene”, pero confieso que esta interpretación de derecho humano sacrosanto es nueva para mí.

El principio de capacidad de pago es viejo en el tema de equidad impositiva; sostiene que un individuo debe pagar impuestos en proporción a su capacidad de pago. Otro principio de equidad fiscal es el pago de impuestos en proporción a los servicios recibidos. Adam Smith, el gran mentor de la economía, consideraba que estos principios son complementarios, ya que los que más tienen son también quienes más se benefician de la protección del Estado —tienen más por proteger. Ambos principios, el de capacidad de pago y el de beneficios o servicios recibidos, son normativos, proponen un “deber ser”, pero respaldados con alguna lógica.

La proporcionalidad a los ingresos en el pago de impuestos ya implica que “paga más el que más tiene” y no justifica la progresividad de tasas. Las tasas impositivas progresivas violan lo que quizás sí sea un derecho humano fundamental, que es la igualdad ante la ley. La proporcionalidad, en cambio, es compatible con el principio de equidad tributaria y con el principio de igualdad ante la ley.

fritzmthomas@gmail.com