Los acontecimientos de esta semana van marcando claramente los desafíos con los que llega al poder el nuevo gobierno. Guatemala es un país en el que se han acumulado tensiones, problemas sin resolver y situaciones que incluso se deterioran en el presente.

Cabe mencionar que el proceso de paz fue un paso que provocó gran optimismo y entusiasmo; los sectores de la población esperábamos que fuera el inicio de grandes cambios necesarios en el país, desde establecer un verdadero estado de Derecho, eliminar la corrupción, buscar vías de solución a la crisis de violencia, los Derechos Humanos como normativa del quehacer público y hacer justicia por las violaciones del pasado, para generar confianzas en el sistema de seguridad pública y de justicia. En fin, se buscaba alcanzar un ambiente de paz y un mejor nivel de vida para toda la población.

Hoy vemos con dolor que nos solo se abandonó la agenda de la paz, sino aún peor, las condiciones de vida de los guatemaltecos se han deteriorado sustancialmente: hay un incremento dramático en la extrema pobreza como lo demuestra el último informe de Encovi; nos rebasó la corrupción del sector público, la violencia aumenta con el crecimiento del crimen organizado y con abusos de poder de las autoridades, como el caso de Santiago Atitlán ocurrido esta semana, lo que también provoca explosiones sociales en la población. Guatemala es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

Por si todo esto fuera poco, el presidente interino, cuya misión era llevar el país en forma tranquila y estable hasta concluir el período presidencial, decide por un arrebato, capricho ideológico o por pactos y/o componendas con maquilas nacionales y transnacionales, imponer en cuatro municipios un salario mínimo diferenciado, entiéndase disminuido, pretendiendo ignorar que aun el salario mínimo actual está por debajo de las necesidades vitales.

Esta decisión no solo viola la ley laboral, sino los principios que inspiran al Código de Trabajo y que también se establecen en la Constitución de la República, que el presidente Maldonado como constitucionalista debería conocer muy bien; pero además viola los pactos internacionales de la OIT, exponiendo al país a denuncias internacionales. Su idea es un modelo exportador que no respeta los derechos laborales de los guatemaltecos. Se olvida el señor Maldonado de que su responsabilidad es con el pueblo y no con las corporaciones nacionales e internacionales. Además de cometer esta ofensa en cuatro municipios, se altera ante las legítimas críticas de un funcionario de Naciones Unidas, responsable de observar el respeto a los Derechos Humanos, de hacer sus comentarios y recomendaciones. Guatemala no es una isla, no puede comportarse como un país que retrocede en el tiempo.

Por último, cabe mencionar que la aspiración legítima del pueblo de Guatemala es contar con un sistema de justicia eficiente, independiente y objetivo; sin embargo, cuando el MP —de forma correcta y valiente— decide solicitar la detención de los oficiales que fueron responsables de desapariciones, torturas y ejecución de población civil, algunos sectores se oponen, se escandalizan y demandan que se detengan estos procesos y se retorne al estado de Impunidad. ¿Por qué cuando la justicia funciona se le quiere detener, en lugar de fortalecerla? Será que algunos se benefician con una justicia inefectiva, o en la impunidad que protege al crimen organizado y a quienes pactan con él, o en la Guatemala que permite la corrupción?