El exterminio de comunidades enteras y la pobreza generalizada en la que han vivido y viven las comunidades que fueron desalojadas forzosamente para la construcción de esta represa es un claro ejemplo de cómo en nombre del “desarrollo” el Estado de Guatemala ha cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Fueron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo los principales inversionistas de la hidroeléctrica de Chixoy, un megaproyecto de muerte y miseria  que entre 1975-1983 pusieron en marcha estos bancos internacionales en complicidad con los regímenes militares y genocidas de Fernando Romeo Lucas García y José Efraín Ríos Montt.

Las investigaciones científicas que se han realizado y las verificaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales  muestran que la represa de Chixoy ha dejado al pueblo maya achi’ dolor emocional a consecuencia de los desplazamientos forzosos, una vida marcada por la extrema pobreza, profundos traumas psicosociales y psicológicos causados por los horrores que vivieron cuando el Ejército y patrulleros desaparecieron a líderes comunitarios y masacraron comunidades, así como los costos sociales, económicos y emocionales que implican vivir en tierras áridas, distantes de la cabecera municipal, sin vías de comunicación y sin acceso a los derechos sociales básicos.

El exterminio humano, el daño social y ambiental que ha dejado la represa de  Chixoy es irreparable. A pesar de la pesadilla y las atrocidades vividas por las comunidades sobrevivientes, es de reconocer su valentía y perseverancia, porque desde 1983 se organizaron en la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy (Cocahich) para demandar justicia y resarcimiento social, espiritual, emocional y mental al Estado de Guatemala, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial (BM).

Tal como se establece en la Política de Reparación, la indemnización tendrá una duración de 15 años, iniciará en el 2015 y finalizará en el  2029. Ahora el desafío para estas valientes comunidades maya achi’ es lograr que el Estado guatemalteco cumpla con la implementación de la Política de Reparación, es decir, que promueva los mecanismos que permitan alcanzar el desarrollo humano, social, económico y cultural de estas comunidades.

Ojalá las comunidades continúen fortaleciendo el trabajo que vienen realizando y que en la implementación de la Política de Reparación puedan ejercer su derecho a tomar decisiones sobre ¿cuáles serán los mecanismos necesarios y las acciones a implementar?