En estos tres años de gobierno, el general retirado Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti Elías y el Partido Patriota se han dedicado a profundizar la faceta represiva de la supuesta etapa democrática que vivimos desde 1985. El autoritarismo que ejerce el oficialismo, ahora en alianza descarada con el Partido Líder, está atizando el fuego del descontento social. Con ello estamos retrocediendo vertiginosamente a las décadas de 1970-1980, cuando el despotismo de Estado alcanzó su máxima expresión en el país.

Ya no es ningún secreto que funcionarias y funcionarios han tomado y toman decisiones inconstitucionales y amañadas en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En suma son decisiones arbitrarias que lejos de tender al bien común, han remilitarizado el país, criminalizado y judicializado la lucha social, así como puesto a Guatemala en las fauces de las grandes empresas expoliadoras y violadoras de derechos humanos.

Un ejemplo son las hidroeléctricas que se están construyendo en distintos puntos del territorio nacional, las cuales responden casi exclusivamente al objetivo de abaratar los costos de producción de los proyectos mineros, así como vender energía eléctrica a México y el resto de países centroamericanos. Contrariamente, en pleno siglo XXI, un gran porcentaje de población rural del país no tiene acceso a la energía eléctrica que es un derecho social básico.

Del lado de la criminalización y judicialización los ejemplos más recientes son los de la lideresa maya kaqchikel Bárbara Díaz Surín y las autoridades comunitarias Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. La primera, lleva más de cinco meses en prisión por defender a San Juan Sacatepéquez de la imposición de la minería de cemento.

Los segundos son líderes de los pueblos q’anjob´al, chuj, akateko, popti’ y mestizo de 16 municipios de Huehuetenango. El 24 de marzo la PNC los capturó sin mostrarles ninguna orden de juez competente —lo mismo le pasó a Bárbara Díaz—. Todo por oponerse a la hidroeléctrica San Luis y otros proyectos extractivos en ciernes. Además, son fundadores de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, cerrada despóticamente hace tres meses por el alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro, su corporación municipal y gente allegada a él.

Agrava la vulneración de sus derechos, que la captura fuese realizada en la ciudad capital, mientras estos líderes buscaban denunciar ante el sistema legal los continuos atropellos sufridos por las autoridades comunitarias y personal de la radio cerrada a manos del alcalde de Santa Eulalia y su rosca de poder. El más reciente hecho fue el 19 de marzo, cuando periodistas independientes y autoridades fueron amenazados y sufrieron agresiones verbales y físicas durante una ceremonia pública para la reapertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob.

El presidente Otto Pérez Molina supuestamente ha hecho un llamado para que se respete la libre emisión del pensamiento, pero su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, arbitrariamente dio vida a la “Fundación contra el terrorismo mediático”. El mandatario debe derogar inmediatamente ese engendro que pretende arremeter contra el derecho a la libertad de expresión.