Una nota de prensa emitida por el diario español La Vanguardia expresa: “El Gobierno de Honduras decretó el estado de excepción durante 10 días para frenar las acciones violentas y de vandalismo registradas en el país por el presunto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. Honduras vive desde el miércoles por la noche una ola de manifestaciones en diferentes regiones del país que ha dejado decenas de heridos entre manifestantes y policías, además de actos vandálicos contra la propiedad pública y privada. Las manifestaciones son protagonizadas por simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que presentó de candidato a Salvador Nasralla y que denuncia ser objeto de un fraude electoral”. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, aspirante a la reelección y contendiente del candidato opositor, Salvador Nasralla, puso en vigor la suspensión de garantías. El diario guatemalteco Prensa Libre en su editorial del pasado sábado titulado “Honduras ha dado un paso atrás”, expuso tajantemente lo siguiente: “Si las autoridades electorales hondureñas intentaron beneficiar al actual presidente Juan Orlando Hernández, cuya reelección por un margen mínimo parece inminente, le han causado un enorme daño no solo a él, sino al país entero, porque dicho triunfo se produciría después de un atraso de casi una semana en dar los resultados totales, con lo cual queda en duda la credibilidad de todo el sistema”. Posteriormente el editorial referido expone sin reservas lo siguiente: “Honduras vuelve a ser el reflejo de un país tercermundista, donde una camarilla de políticos, empresarios y funcionarios deshonestos se muestran capaces de manipular un proceso electoral con el único objetivo de enquistarse en el poder, lo cual es la principal causa de las violentas manifestaciones desatadas en los últimos días”.

En Honduras el daño ya está hecho. Si el gobierno de Hernández era cuestionado por ineficiente y corrupto, esta situación desnuda categóricamente a un ya desprestigiado andamiaje institucional, que irresponsablemente desafía a un pueblo cansado de tanta demagogia, corrupción política y una pobreza extrema que crece alarmantemente. El hambre, la delincuencia y la desesperación social están azotando a esa nación centroamericana, a pesar de ello el pueblo hondureño creyó en la democracia formal, pero la respuesta fue la implementación de un grotesco fraude que generará un caos de insospechadas consecuencias.

En Guatemala nos dirigimos hacia ese mismo destino siguiendo una ruta equivocada, en donde la partidocracia corrupta abandonó los intereses nacionales y en cuyo caso, el congreso ejemplifica la tragedia perfecta: su objetivo es repartirse el presupuesto del estado como si se tratase de un botín y afianzarse en la dirección de ese organismo para incidir en su abierta lucha contra la CICIG y el MP, tratando de desarticular todo proceso que pretenda erradicar la corrupción y la impunidad. Al igual que Honduras en nuestro país, la corrupción, la delincuencia y la pobreza, serán los carburantes que nos habrán de llevar a una catástrofe social sin precedentes. Si en Honduras se fraguó y se ejecutó un burdo fraude electoral, acá el proceso ya se inició en igual manera: las reformas a la ley electoral son una farsa y la abierta oposición a permitir nuevas organizaciones políticas es la consigna. Si la democracia formal fue la trampa de la política corrupta, la violencia política y social será la respuesta de pueblos que como el hondureño y el nuestro, ya no soportarán más la burla y el cinismo institucionalizado.

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