Recientemente se publicó el estudio Desarrollo de una propuesta técnico fiscal para la prevención y atención del VIH en Guatemala (2017-2026), realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en asocio con el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Hivos), en el que además de analizar la situación actual de esta epidemia se exploran los mecanismos, costos y fuentes de financiamiento para acabar con la misma antes de 2030.

Se estima que en 2016 vivían en Guatemala 46,000 personas —adultos y niños— con VIH/sida, lo que representa una prevalencia aproximada de un habitante por cada 400. En la Ciudad de Guatemala se estima una alta prevalencia concentrada en algunos grupos particulares como son las mujeres trabajadoras sexuales, con una infectada de cada cien; los hombres que tienen sexo con hombres, 11 de cada cien; y, las mujeres trans, con 24 de cada cien.

El Estado guatemalteco ha asumido (2014) el compromiso internacional de mitigar la epidemia de VIH/sida a más tardar en 2030, con una estrategia cuyos resultados para 2020 se resumen en las denominadas Metas 90-90-90: «Que el 90 por ciento de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico; que el 90 por ciento de las personas que conocen su diagnóstico reciban tratamiento antirretroviral; y que el 90 por ciento de las personas en tratamiento tengan supresión viral». El cumplimiento de este compromiso requiere estudiar lo que se está haciendo actualmente y aumentar los recursos —materiales, financieros y humanos—, además de mejorar la gestión.

Al analizar los presupuestos más significativos asignados desde lo público, se observa que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) destina más de Q110.0 millones al año a la atención del VIH/sida. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cuenta con el Programa nacional de prevención y control de infecciones de transmisión sexual, VIH/sida (PNS). Este programa, entre 2007 y 2016, tuvo asignados Q669.9 millones para acciones relacionadas con VIH, utilizando solo Q564.5 millones —84.3% de ejecución—, con consecuencias negativas en sus resultados. El PNS, al mes de junio de 2018, registraba un nivel general de ejecución de tan solo el 26.1 por ciento de los Q113.8 millones de presupuesto vigente. En particular, la ejecución de las donaciones externas —que suman Q10.8 millones—, apenas alcanzaba el 0.8 por ciento.

Otro elemento que resalta la investigación es el elevado costo de los medicamentos antirretrovirales con patentes protegidas por acuerdos comerciales que impiden adquirir genéricos. Estudios citados refieren que, como resultado de lo anterior, el MSPAS está comprando los principales antirretrovirales a un precio entre tres y 10 veces más alto que en el mercado internacional y de genéricos.

De acuerdo con el estudio, el combate del VIH/sida requiere una administración pública más protagónica y con visión de derechos para ampliar la cobertura y calidad en la atención de la salud; universalizar la educación para la salud sexual y reproductiva; conseguir mejores precios en la adquisición de medicamentos antirretrovirales y garantizar su provisión ininterrumpida a los pacientes, entre otros. En un contexto ideal de atención, prevención y gestión por resultados, en 2020 el PNS necesitará un presupuesto de Q272.4 millones, y en 2026, cerca de Q388.9 millones anuales. Los costos de acabar con esta epidemia están muy por debajo de los costos que traería la inacción y la baja efectividad. Los gobiernos deben tener muy claro esto.