La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 20 de febrero como el Día de la Justicia Social, con el objetivo de valorar los esfuerzos de las sociedades en la lucha contra la pobreza y el desempleo, la discriminación y la desigualdad social. Pero también para reconocer que todas las personas —ciudadanos, trabajadores, empresarios y gobernantes— tenemos el urgente compromiso de construir un modelo económico y social, basado en principios de justicia, igualdad y sostenibilidad ambiental.

Esa sociedad más justa se respalda en tres pilares. Primero, un crecimiento económico que fomente la transformación tecnológica, la inversión privada y el pleno empleo, con salarios que garanticen el bienestar de todos los hogares y una mejor distribución de la riqueza. Otro elemento vital es la protección del ambiente natural y el derecho de las comunidades a decidir qué hacer con los recursos naturales.

El segundo pilar está relacionado con la construcción de la igualdad, lo que se puede lograr, en buena medida, protegiendo, garantizando y promoviendo los derechos individuales y colectivos. Esto significa la provisión universal de bienes y servicios públicos con pertinencia, tales como la salud y el saneamiento ambiental, la educación, la seguridad social, la vivienda y la justicia; pero también requiere la puesta en marcha de políticas económicas y sociales que garanticen el empleo, la igualdad de género, étnica y de territorio, la participación política, la libertad de pensamiento, de expresión y de culto.

El tercer pilar está relacionado con el mantenimiento de una administración pública efectiva. Esto significa, instituciones públicas laicas y democráticas que cumplan su misión en función del bienestar social y de su mandato constitucional y, como consecuencia, diseñan, planifican, ejecutan, evalúan y rinden cuentas para y con los ciudadanos. Garantizar este pilar requiere un servicio civil profesionalizado e independiente de los cambios de gobierno; así como de partidos políticos que representen la voz de los ciudadanos, sin financiamiento ilegítimo, que cuenten con personas probas y aptas para gobernar, y con planes de gobierno técnicos, sustentados en metas, resultados medibles y un plan fiscal que los concrete. Otro elemento importante lo constituyen las instituciones de justicia, de regulación económica, la controlaría y la administración de las finanzas públicas. Si estos organismos del Estado fallan o están capturados por intereses particulares, se debilita la gobernabilidad democrática y se pierden los equilibrios políticos que consiguen concretar la justicia social.

El Estado guatemalteco está muy lejos de perseguir este fin. Por citar algunos ejemplos, cerca de un millón de niños menores de cinco años padecen desnutrición, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela, mientras el Congreso discute sin rigor técnico más privilegios fiscales. El 67 por ciento de los asalariados carece de contrato de trabajo y ocho de cada diez no tiene acceso a la seguridad social. Todo esto en un contexto de corrupción, cada vez más visible, en la administración pública.

Hoy es un buen día para recordar que estamos obligados, desde nuestros ámbitos de trabajo, a reformar totalmente la sociedad en la que sobrevivimos. La justicia social es un factor determinante para la identidad nacional, la paz y la democracia, al convertirse en certidumbres: trabajo y comida en la mesa, hijos educados y sanos, abuelos con pensión, oportunidades lícitas de negocio y promoción de la diversidad, entre otras.

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