Algunos sectores minoritarios de la oposición desesperados por la situación y por la misma represión han optado por la llamada guarimba, que consiste en construir barricadas en las calles e impedir el paso de vehículos. Este tipo de protesta, que se da mayoritariamente en sectores de clase media, es contraproducente y parece que está promovida por infiltrados del régimen y el G2 cubano, actuando básicamente desde las redes sociales. En efecto, la guarimba divide a la oposición, enfrenta a vecinos, impide el trabajo a personas de sectores populares empleados en las urbanizaciones de clase media, pero sobre todo le sirve al Gobierno para confundir a la opinión pública e internacional sobre quiénes son los promotores de la violencia asesina y las causas de la escasez de productos básicos.

Frente a esta grave situación, la comunidad internacional, con sus diferentes matices y posiciones, ha coincidido solo en el mensaje de llamar a un necesario diálogo entre los venezolanos. Por eso el Gobierno ha reaccionado con un improvisado proceso, calificado de “conferencia de paz”, en el cual, sentado en un presidium, escucha y comenta los discursos de personas, algunas representativas, como las del sector empresarial, que no podían faltar para ver si logran hacerle entender al Gobierno la magnitud de la crisis económica que enfrentamos. Otras, en cambio, no representaban a nadie.

Hubo discursos inteligentes y bien intencionados, otros poco serios, en el marco de una asamblea desordenada y sin agenda, que me recuerda las interminables y casi siempre inútiles asambleas de mis años universitarios. Lo que debe entender el régimen es que el diálogo necesario debe ser con el liderazgo político, por el cual votó la mitad del pueblo en las elecciones que Maduro ganó con apenas el 1,5% de ventaja, según los discutibles cómputos oficiales y en el marco del más abusivo ventajismo oficial.

Ese diálogo tiene unas condiciones previas que son la liberación de los presos políticos, empezando obviamente por Leopoldo López, de los estudiantes detenidos en las manifestaciones y la selección de un mediador nacional o internacional. Requiere también de una agenda, que debería empezar por la elección con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, de los magistrados del Tribunal Supremo, del contralor, del fiscal y del defensor del pueblo. La dirigencia de la oposición democrática debe hacer un esfuerzo particular para informar y explicar a la comunidad internacional que lo que está exigiendo la oposición democrática es que el respeto retórico de la Constitución que el Gobierno manifiesta se concrete realmente en su conducta.