La victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones realizadas ayer en Brasil, con una diferencia de 10 millones de votos —un 10%— sobre su opositor de izquierda, Fernando Haddad, solo indica el incremento de este extremismo político en América Latina, cuyos efectos sociales y económicos aún no se pueden predecir. La mayor democracia continental se convierte así en el país con la segunda fuerza de América similar a la situación de Estados Unidos, donde el término utilizado es el de ultraconservador, pero en la práctica resulta lo mismo, o algo demasiado parecido y por tanto causante de confusión a cualquiera si no se molesta en hacer los análisis necesarios. El caso brasileño, sin embargo, tiene causas distintas y a veces contradictorias al de otros países latinoamericanos.

Es interesante observar en su posible peligrosidad el riesgo o beneficio predecible, según el ángulo de observancia de los hechos. Pero es indudable cómo los votantes han reaccionado con el sufragio de castigo a causa de la corrupción y todos sus derivados, entre los cuales se puede colocar el atraso de los países. Se puede hablar también de un péndulo de la izquierda a la derecha, o viceversa, como consecuencia del hastío ciudadano a causa de tanta mentira, tanta burla, tanta demagogia y sobre todo la falta de una ética mínima, en un mundo donde estas lacras ya no se pueden ocultar, por causa de la tecnología actual de la comunicación, entre cuyos efectos no se puede señalar la divulgación instantánea de verdades, lo cual pone valladares a las acciones necesitadas de ocultamiento.

En casos como Brasil y antes Ecuador, Venezuela entre otros, han sido regímenes de izquierda donde se han desarrollado todas las lacras de la corrupción. El voto ha sido de castigo para los izquierdistas. El caso de Guatemala es distinto: el descontento popular nace en el contexto de gobiernos derechistas, algunas de cuyas características son compartidas por Bolsonaro: admirador y propulsor de dictaduras, exmilitar, ataques viscerales a sus adversarios, diputado, de 63 años, declarado luchador contra la corrupción. Con esto último coinciden los candidatos de izquierda en otros países, pero se trata de una de las primeras promesas rotas a la hora de ejercer el mando, lo cual ha ocurrido en los países gobernados por la izquierda desde hace algunos años.

En Guatemala hay un caso interesante. El arquitecto Fernando Sáenz es uno de los pocos personajes abiertamente declarado perteneciente a la extrema derecha, calificativo otorgado por él mismo. Abiertamente opositor a Todd Robinson, afirma en una reciente publicación haber recibido dinero para ir a Washington a contratar lobistas, en viajes con el aporte económico de otros empresarios y cita a John Negroponte, exembajador de EE. UU. y exintegrante de la CIA. Una sorprendente declaración acusa a “todos los empresarios de cometer delitos, defraudar al Estado”. Defiende al presidente Morales cuando calificó de “normal” la corrupción en una entrevista con el periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos. Los numerosos detalles dan lugar a algún otro artículo.

A mi juicio, admitir la existencia de pertenecer a la extrema derecha obliga a quienes son de derecha moderada a aclarar hasta dónde llega su conservadurismo, sobre todo en la obediencia de los derechos humanos y las leyes. Puede interpretarse también como una facilidad para quienes se autocalifican de izquierda, a fin de explicar qué no son. Es natural considerar esta exacerbación de los criterios políticos, sociales y económicos como la base del efecto negativo de no admitir la existencia de posiciones serenas, y de eliminar la posibilidad de una discusión seria, basada en la idea de la necesidad de ceder en algo cada una de las partes para lograr un avance y un pensamiento facilitador, respetuoso de cómo lograr el progreso de la sociedad en todos los órdenes.