BIEN PÚBLICO
Diputados con irresponsables iniciativas de ley
En la actualidad, el Congreso de la República tiene en sus manos un importante número de propuestas de ley que, de ser aprobadas, impactarán negativamente las míseras finanzas públicas de Guatemala.
En las iniciativas se observa un lamentable analfabetismo en materia fiscal y económica y un irracional apetito por violar principios democráticos sobre igualdad, equidad y justicia tributaria. Los diputados no son expertos en todo aquello sobre lo que legislan pero, infortunadamente, sus asesores no están sirviendo para dotarlas del mínimo sustento técnico. Al contrario, todo parece indicar que la máxima de estas iniciativas es garantizar sus intereses personales y la bonanza de sus financistas.
He aquí algunos de los adefesios legislativos actuales. Primero, la Iniciativa 5246, ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria, presentada por Marco Pineda, José Martínez, Carlos Chavarría y otros. Esta pretende crear un régimen tributario preferencial para el sector agropecuario y una amnistía que beneficiará a los contribuyentes omisos y a los que han usado facturas falsas para documentar la devolución del crédito fiscal. Probablemente esta sea la más desastrosa iniciativa que haya en la actualidad y que ya ha sido aprobada en tercera lectura.
La iniciativa 5244, ley de apoyo a la actividad turística, presentada por Raúl Romero, con lo que se pretende la exoneración por 10 años del pago de impuesto sobre la renta (ISR), así como exoneración de impuestos durante cinco años por la importación de materiales de construcción, equipos, aparatos, utensilios, mobiliario y enseres en general, destinados a hoteles nuevos o a los ya existentes. No se asigna ninguna responsabilidad para los beneficiarios, ni siquiera en cuanto a generación de empleos.
La iniciativa 5234, reformas al decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, cuyo ponente es Juan Manuel Díaz-Durán. Se intenta retornar la planilla del impuesto al valor agregado (IVA) para hacerla acreditable al impuesto sobre la renta, con el fin de fomentar la cultura tributaria y permitir a la Administración Tributaria ser más eficiente en la fiscalización de los impuestos. Además de desconocer que esta medida disminuye el pago de ISR de asalariados con ingresos mayores de Q66,050 anuales, no se han tomado los análisis de la cobertura de la planilla del IVA en 2012 y 2013, realizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, en donde demuestra que la existencia de la planilla del IVA no le ofrece beneficios al fisco ni siquiera para efectos de control.
El espacio no da para seguir enumerando otras iniciativas depredadoras de los fondos públicos. Sin embargo, sirva para denunciar estas irresponsabilidades que impedirán al Estado de Guatemala avanzar en la lucha contra la pobreza, en la construcción de un ambiente político y social estable, y en la eliminación de la corrupción. Estas leyes imposibilitan universalizar la cobertura y mejorar la calidad de bienes públicos tales como la educación, salud, seguridad social y justicia, así como procurar infraestructura económica.
Diputados, dejen de legislar asesorados por la ignorancia o para sus particulares intereses, dejen de ser la cuota de sectores económicos y dense la oportunidad de ser dignos frente a la ciudadanía. Guatemala está urgida de una reforma fiscal integral, que transparente la gestión pública, aumente los ingresos de manera justa, mejore la efectividad del gasto y rinda cuentas en función de resultados. #NoMásPrivilegiosFiscales
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