El nuevo presidente del Congreso anunció como principal misión recuperar la dignidad del Organismo Legislativo, acercarlo a la gente y con responsabilidad tomar sus propias decisiones. De lo anterior nada es objetable, ojalá el Congreso recupere un tanto su dignidad, pero también el nuevo mandamás legislativo dijo:

“Hay quienes sostienen que los derechos son más importantes que las obligaciones. Con esta falacia han inculcado el sentimiento de que la moral ha pasado de moda. Y lo han hecho porque es más fácil culpar a otros de lo que hacemos mal que hacer lo correcto, porque es más fácil exigir derechos que cumplir obligaciones. Las obligaciones son de orden moral, por eso son más importantes que los derechos. En una República, el único acceso legítimo a los derechos es el cumplimiento de las obligaciones. No podemos seguir comprando la idea según la cual no hay nada sagrado, que todo es relativo… ¿Cuáles son los valores que ese relativismo político ha querido destruir: nada más y nada menos que la autoridad, la responsabilidad y las buenas costumbres. Quieren imponernos el reino de la anarquía, la irresponsabilidad, el descaro y la vulgarización”.

En Derecho, lo primero que ve un estudiante en primer año es la bilateralidad de la relación jurídica. Todo derecho entraña a la vez una obligación. Yo compro un chocolate, tengo derecho de exigir que se me entregue lo comprado y obligación de pagar. El vendedor tiene la obligación de entregar el chocolate y el derecho a cobrar; ambos tenemos obligaciones y derechos, así que si vamos por la idea de bilateralidad de la relación jurídica, el discurso presidencial no cuaja.

Nos animamos a medio entender la idea cuando se señala (las) “obligaciones son de orden moral” y agrega más importantes que los derechos, pero a la vez asusta porque vemos un carácter diletante que da lugar a interpretaciones.

La relación entre moral y derecho es de lo más complejo, por eso la sencillez de señalar que las obligaciones son de carácter moral y son más importantes que los derechos asusta, porque así como dice mucho, puede también no decir nada.

Convertir en leyes “las buenas costumbres” ha caracterizado a los regímenes totalitarios que en muchas ocasiones tienen un discurso moralista, y por eso cuando se dice que en una República el acceso legítimo a los derechos es el cumplimiento de obligaciones morales encontramos un excelente ejemplo de sofisma (argumento falso con apariencia de verdad), porque una República garantiza los derechos de sus habitantes con base en la igualdad ante la ley y el sometimiento del poder a la fuerza del derecho, agregar condiciones no corre. El respeto a los derechos por los funcionarios públicos no depende del cumplimiento de obligaciones morales. Si esto fuera así, el sistema no sería coercible. Debemos distinguir entre obligaciones morales y legales porque esto es básico para quien asume un cargo público, donde además debe garantizase un carácter laico o nos perderíamos mucho más.

El discurso, más que un juego de palabras, encierra una tibia amenaza al señalar que ahora se procurará el cumplimiento de obligaciones morales —y esto en Guatemala quiere decir discrecionales— para ejercer derechos.

La primera obligación moral y legal de un funcionario es jurar fidelidad a la Constitución, y cuando ese juramento se hace con compañeros de directiva que distan mucho de cualquier compromiso moral porque hasta han intentado sobornar a periodistas, vemos que el papel aguanta con todo y las confusiones de fondo obligan al relativismo en la lectura del discurso, ya que, si lo vemos en otra dimensión, la amenaza para el respeto a los derechos desde las tribunas del poder es de épocas pasadas y superadas, aunque habrá quienes suspiren por ellas.

@Alex_balsells