El domingo pasado, el presidente Morales presentó en el Congreso su segundo informe de gobierno. Cerca de cuatro mil efectivos del ejército y de la policía cerraron las calles cercanas para evitar a los ciudadanos acercarse al lugar. Si el país y la gestión gubernamental estuvieran tan bien como lo describe el informe, probablemente los ciudadanos se acercarían al Congreso a celebrar el buen trabajo.

Los informes de gobierno deberían contener tanto lo que está bien hecho como lo que el Ejecutivo debe mejorar. Si solo se publica lo “bueno”, sin equilibrarlo con los retos y lo que no se ha logrado, el informe pierde sustento y legitimidad, mucho más en un país con latente hambre, violencia, desempleo y corrupción. Para muestra la sección sobre política fiscal (páginas 204-215), en la que se exalta como logros elementos coyunturales y contados a medias, mientras se plantean desafíos triviales. En realidad, la política fiscal en 2017 continuó siendo manejada para la sobrevivencia, con opacidad y sin mayores vínculos al desarrollo.

La recaudación de impuestos fue de Q56.5 millardos, haciendo que la carga tributaria cayera al 10.2% del producto interno bruto (PIB), por debajo del 10.4% conseguido en 2016, y esto a pesar de los Q1.2 millardos logrados por una amnistía tributaria. Según las cifras oficiales, aunque preliminares, en 2017 el Gobierno ejecutó un gasto de Q71.2 millardos (12.8% del PIB), lo que representa una ejecución del 91.8% del presupuesto. Aunque es similar a años anteriores, sí que es preocupante la baja ejecución observada en los ministerios de Desarrollo Social (58%) y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV, 71%). Asimismo, todo el año hubo quejas sobre lo difícil que era ejecutar cumpliendo los controles establecidos en la Ley de Contrataciones. Sin embargo, en diciembre se registró una aceleración inusual en el ritmo de ejecución por cerca de Q2.5 millardos.

De la inversión pública destinada directamente a las niñas, niños y adolescentes, dejaron de ejecutarse cerca de Q2.5 millardos. Después de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la cual murieron 41 niñas, el Gobierno aumentó en Q58 millones el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social. Pero, antes de finalizar el año le redujeron Q54.8 millones. Con esta medida recortaron casi en su totalidad diversos programas de asistencia a niños y adolescentes en diferentes riesgos. Además, las estadísticas oficiales sobre matriculación (que no se encuentran en el informe) revelan una reducción de 206,671 alumnos en las aulas.

En materia de transparencia, valga recordar el intento de declarar no grato al comisionado internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que posicionó al Gobierno como un actor a favor de la corrupción y la impunidad. A esto se suman hechos como el injustificado bono recibido de manera opaca por el presidente y de las principales autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, y denuncias en contra de funcionarios que tienen dos o más contratos de trabajo con el Estado.

Quedan dos años de gobierno y los ciudadanos deben exigirle una agenda fiscal integral basada en una mayor y más justa recaudación mediante la lucha contra la evasión; el diseño y ejecución de un gasto público que persiga metas de desarrollo medibles; una verdadera transparencia en todo lo público; y una efectiva rendición de cuentas a los ciudadanos.

Ojalá que el tercer informe no incluya militares en las calles, sea menos un pasquín y más una evaluación sobre lo bueno, lo malo y los desafíos estructurales del Estado.