Este país está podrido, como lo expresó Fukuyama, y esa vergonzosa afirmación se constata no solo con los disparates de las más altas autoridades del Gobierno sino con el imparable avance de la justicia en contra de inmorales y corruptos empresarios coludidos con funcionarios.

Ayer, a un año de su inauguración, se produjo el primer zarpazo de la sede regional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instalada en Quetzaltenango, con un amplio operativo dirigido contra funcionarios ediles y la cabeza más visible de una empresa dedicada a la construcción en el suroccidente, donde habrían empleado la vieja modalidad de amañar procesos para ganar contratos millonarios.

Las pesquisas arrancan a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial en 2010, con lo que se demuestra el largo trecho de una investigación para sustentar acusaciones, pero también la importancia de la participación de otras entidades. Por esta denuncia están acusadas 27 personas, 15 de las cuales fueron capturadas ayer en varios operativos.

Es evidente que podría haber muchos más de esos casos, si la justicia contara con los recursos necesarios y la independencia suficiente, lo cual redundaría en un equilibrio entre impunidad y castigo, pero no es así. Aun con esos limitados recursos, la persecución criminal avanza y tanto el Ministerio Público como la Cicig siguen dando muestras de que es posible combatir la corrupción.

Este nuevo escándalo evidencia también la práctica de una perversa modalidad generalizada en el aparato público, la cual consiste en simular la participación de varias empresas, aunque entre los oferentes ya existan acuerdos y gane quien gane habrá una reparto de coimas para todos los involucrados cuando los contratos hayan sido adjudicados, tal y como ocurrió por años en la Municipalidad de Chinautla.

Con esto se demuestra que, aunque sea de manera pausada, se puede avanzar en la investigación criminal contra las redes de corrupción en las distintas esferas de poder, pero también que el desempeño independiente y responsable de los funcionarios de otras oficinas puede contribuir a desenmascarar turbios negocios, los cuales florecen a la sombra de un Estado indolente. De especial relevancia es tener conciencia de que no se debe bajar la guardia en el combate de este flagelo, porque son demasiadas las instituciones sometidas al inmoral saqueo.

Ayer, mientras en Guatemala los entes encargados de la persecución penal ofrecían detalles de esta nueva estructura, en Nueva York el dirigente del futbol guatemalteco Héctor Trujillo, un exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, se convertía en el primer funcionario del escándalo Fifa en ser condenado a ocho meses de prisión por haber recibido sobornos para favorecer transmisiones deportivas.

Aunque el castigo es inferior al solicitado por la Fiscalía, constituye otro revés para quienes desde distintas posiciones de poder en Guatemala se han dedicado al enriquecimiento inescrupuloso con los bienes nacionales, como se comprueba también con el nuevo caso de construcción amañada por exalcaldes y empresarios en varios municipios del occidente del país.