La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, volvió a insistir ayer en pedir a los centroamericanos que abandonen la idea de migrar de manera irregular a su país. Junto a los cancilleres de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, la responsable de la política de tolerancia cero, que desencadenó uno de los mayores dramas humanos en la frontera sur con EE. UU., anunció nuevos acuerdos para reducir esos flujos migratorios.

Uno de los mayores problemas con este tipo de abordajes es que se soslayan las causas más profundas de la masiva migración, como son la pobreza, la criminalidad, la corrupción y la impunidad, y mientras no se trabaje en buscar soluciones radicales a esa problemática, jamás se podrá implementar una política efectiva para detener ese incontenible éxodo.

Difícilmente quienes abandonan sus países quieren hacerlo, pero acá las condiciones de hostilidad provocan que sean demasiadas las personas que intentan escapar de esa pesadilla, buscando un cambio de vida en el lugar que hasta ahora sigue ofreciendo las mejores posibilidades, no exentas de riesgos.

Se debe entender que mientras los enormes rezagos sociales no cambien, será muy difícil que miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos desistan de un natural deseo de salir de las condiciones de precariedad o inseguridad, como sucede con un alto porcentaje de jóvenes que se ven empujados por la amenaza de las maras a abandonar su territorio.

La corrupción es quizá el principal ingrediente de una problemática que tiene en la migración la mayor expresión de desesperación, y por eso el tema estuvo presente en el breve pero muy duro discurso que pronunció hace casi dos semanas el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, cuando lo incluyó entre los causantes de esa crisis.

Estados Unidos mostró una política más frontal hacia esta lacra, como es la revocación de visas a funcionarios, exfuncionarios, diputados y hombres de negocios, pero esas medidas pierden mucho de su efecto cuando no se conoce a quiénes o a qué sectores se castiga, pues solo el escarnio público infunde temores.

Debe comprenderse que cualquier política orientada a disuadir la migración está condenada al fracaso si la problemática no se aborda de manera integral, y esto empieza por crear condiciones básicas de desarrollo, las cuales solo se podrán impulsar en un marco de seguridad y con el uso responsable de los recursos de los contribuyentes.

Ciertamente es doloroso hablar ahora de la condenable e inhumana práctica de la separación familiar, pero también es repudiable que mientras ese drama continúa, paralelamente también sigue con este gobierno la sobrevaloración de compras y contratos amañados, todo lo cual tiene hondas repercusiones en la búsqueda de rutas para el desarrollo.

No es casual por eso que ayer Helen Aguirre, asesora especial del presidente Donald Trump, anunciara que para Washington el papel desempeñado por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala es “clave” en la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque ayuda a crear condiciones de seguridad y prosperidad en el país.