Con todo y los desmanes, los pactos oscuros, las intentonas despóticas, las falsas promesas, los financiamientos ocultos, las discrecionalidades, los despilfarros y las decepciones sucedáneas en materia de desarrollo humano, la democracia guatemalteca sobrevive y está por iniciar hoy un nuevo proceso electoral, en el cual, para variar, otro partido oficial intenta venderse como digno de reelección mientras un pelotón de supuestos opositores comienza a disputarle la misma hegemonía de la cual varios de ellos fueron integrantes e incluso beneficiarios en los tres o más años previos.

La incapacidad dialógica de los dueños de partidos, que no líderes, convertirá este tablero electoral en uno de los más cargados de la historia, con 29 organizaciones y un número cercano de presidenciables, pero no por variedad de ideas o innovación en propuestas programáticas. Por infortunio, no son altos ideales los que impulsan la inmensa mayoría de estos híbridos vehículos electorales, sino la ambición. Ofrecen declaraciones políticamente correctas y propagandísticamente preparadas, pero sus acciones u omisiones previas les desnudan, como el rey tonto de la fábula al que le vendieron una tela mágica invisible.

No obstante, por mucho que los politiqueros menosprecien la inteligencia ciudadana, esta se ha vuelto —a fuerza de desencantos y lágrimas de cocodrilo político— cada vez más aguda, más exigente y más atenta a las incoherencias entre discurso y conducta, que se han hecho más pronunciadas. La continuidad de lastres atávicos en seguridad nutricional, educación, generación de oportunidades laborales e infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria agudizan la exigencia de cambios efectivos.

El actual Tribunal Supremo Electoral tiene el desafío de dejar atrás la sombra de nexos y adeudo de favores con las bancadas legislativas que lo eligieron en 2020. Algunos tienen más marcada la letra escarlata porque fueron aspirantes a cargos en la pasada elección o figuraron en el gabinete del período anterior. No obstante, es la primera vez que tienen sobre sí la observación nacional e internacional, por lo cual es unívoco el sentido de su misión: garantizar la transparencia de todo el proceso eleccionario al cual convocarán hoy y resguardar el respeto a la voluntad de la ciudadanía manifestada en las urnas.

La transparencia implica ir más allá de las puras formalidades y ejercer una eficiente fiscalización de las declaraciones financieras de los partidos en contienda, tanto en relación con su origen como identidad de donantes y precisión de montos, todo lo cual debe ser entregado en los plazos estipulados por ley. Así también es necesaria la apertura a los medios de prensa de las sesiones con representantes de partidos, toda vez que en estas se toman decisiones de impacto público.

Sobre la custodia del voto de más de nueve millones de ciudadanos empadronados y convocados, se hace necesario resaltar la importancia de la participación de voluntarios en las mesas y centros de votación; es decir, ciudadanos sin filiación partidaria, de todos los estratos, etnias, ocupaciones y creencias. Ellos, con el acompañamiento de los fiscales de partidos, se encargan del conteo y refrendan los resultados parciales a través de actas, que son la mejor prueba de los resultados consignados en el sistema electrónico. Solo queda esperar de los partidos y candidatos una conducta de altura, de respeto a las normas y a todos sus pares participantes.