Ahogar entre tres individuos a una persona inmovilizada, que pide auxilio, expresa temor y no tiene quién la defienda es un acto de cobardía y de prepotencia policial que quedó evidenciado en video y de ahí que se haya podido observar a tres agentes municipales de Antigua Guatemala cometer tal acción, sin un mínimo de compasión por Luis Armando Solórzano, quien posiblemente padecía algunos problemas mentales, pero que no representaba mayor peligro que su desnudez, motivada por un posible episodio de pánico o angustia, según relato de familiares dolientes.

La brutalidad de la agresión, so pretexto de brindar supuesta seguridad, quedó al descubierto con el examen forense de la víctima: tenía moretones, costillas fracturadas y hasta un pulmón perforado. De alguna manera, dicha escena recordó la muerte del afroamericano George Floyd, acontecida en Minnessota, EE. UU., en mayo de 2020. Falleció asfixiado bajo la rodilla de un policía a pesar de expresar una y otra vez que no podía respirar. Otros agentes pecaron de omisión, porque no hicieron nada para evitar el crimen flagrante.

Cierto es que las fuerzas policiales deben contar con protocolos para poder controlar a individuos que se resisten a un legítimo arresto o en situaciones extremas al enfrentarse con delincuentes, pero también es verdad que ciertos agentes se amilanan o se asustan al actuar contra malhechores. No se puede generalizar, pero hay elementos con tendencia a querer humillar, multar o subyugar a civiles que reclaman sus derechos o expresan su desacuerdo ante palabras o acciones arbitrarias. Es el caso de sospechosos retenes antojadizos que solo tienen dos agentes en motocicleta, sin señalización, supervisión o monitoreo táctico.

El problema es profundo y no solo se da en niveles inferiores de jerarquía sino también en mandos medios y altos, autoridades electas incluidas, a nivel local o nacional. Los abusos policiales solo son el síntoma de una enfermedad mucho más compleja, enraizada en una militarización de la seguridad civil y un menosprecio de los derechos ciudadanos, sobre todo cuando se trata de encubrir o de proteger agendas de turno. Baste recordar la deficiente vigilancia policial en el Congreso el 21 de noviembre último, cuando un grupo de supuestos bochincheros incendió un par de ventanas del Congreso. Después sobrevino un operativo descontrolado, excesivo e indiscriminado contra otros manifestantes pacíficos, familias y transeúntes, sin que a la fecha haya un responsable de ese caos, comenzando por el propio ministro de Gobernación.

Todo aquel policía que abusa, que agrede, que no escucha las razones del ciudadano -que paga su salario- lo hace porque se cree dueño de su cuota de poder omnímodo. Se siente impune, se piensa avalado o asume que de esa forma agrada a una jerarquía. Por otra parte, los funcionarios no respetan procesos y descabezan instituciones de seguridad a su conveniencia, hasta desfigurarlas y privarlas de liderazgos auténticos, como ha ocurrido con la Policía Nacional Civil en los últimos tres años.

Diversas alcaldías han tornado las policías locales en una verdadera agencia de empleos, sin brindar mayor formación en leyes, garantías y procedimientos modernos, tanto para el control del tránsito como en la tarea de velar por la seguridad civil. Se trata de una escuela creada por personajes intolerantes o caudillos locales que esgrimen el socorrido argumento del “orden”, pero aplicado a otros y no a sus allegados o a sus acciones.