El 2 de septiembre del 2015, ante el masivo reclamo ciudadano, dimitió el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, a causa del escándalo de defraudación aduanera La Línea en el cual estaba señalado. Sería condenado a 16 años de prisión el 8 de diciembre del año pasado y similar pena recibió su compañera de fórmula, la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ocho años después, el exmandatario se apresta a acogerse a la figura legal de aceptación de cargos por el caso Cooptación del Estado, cuyos indicios surgieron de La Línea. El objetivo del acusado sería evitar ir a debate público y obtener una sentencia reducida, que deberá ser definida por la jueza del caso.

El caso fue destapado el 2 de junio del 2016, y el 27 de ese mes Pérez Molina, en su primera declaración en el caso Cooptación, ante el juez Miguel Ángel Gálvez, entonces a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, despotricó contra sus acusadores, negó haber pertenecido a una estructura de saqueo de recursos públicos en el extinto Partido Patriota, y se declaró víctima de una injusticia. “Que me uní al Partido Patriota para conformar una organización criminal, eso lo rechazo completamente, no es cierto, es falso”, dijo.

La pesquisa de ambos casos estuvo a cargo de los anteriores encargados de la Fiscalía Especial contra la Impunidad algunos de los cuales están ahora en el exilio o han sido sindicados en procesos promovidos por sus sucesores, por presuntos delitos. En esencia, la acusación de Cooptación señala que Pérez y Baldetti, junto a colaboradores, crearon un esquema de cobros ilícitos por adjudicación de obras y recibir millonarios sobornos, monetarios o en especie, lo cual incluía la adquisición de vehículos e inmuebles mediante testaferros.

Se tiene previsto que Pérez Molina solicite hoy el beneficio de admisión de cargos ante la jueza Eva Recinos, quien el 22 de agosto le otorgó prisión domiciliar con una fianza de Q300 mil por este mismo caso. Para el 7 de septiembre está prevista la declaración de culpabilidad de Baldetti, quien solicitó antes similar figura legal. En todo caso, la exfuncionaria afronta dos condenas previas, una por la estafa en el supuesto saneamiento del lago de Amatitlán y otra por La Línea.

La jueza no puede permitir que se use la admisión de cargos como una sustitución de justicia para el pueblo de Guatemala. Deberá recibir las declaraciones, exigir detalles sobre la comisión de los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero, el destino o paradero de los fondos, la organización de la estructura criminal, así como la identificación de los colaboradores para tales ilícitos, entre los cuales se encuentra también sindicado por el mismo caso y similares presuntos delitos el exministro de Comunicaciones y precandidato presidencial del Partido Patriota en el 2015, Alejandro Sinibaldi, quien recibió prisión domiciliar por resolución de la jueza Claudette Domínguez en noviembre del 2022.

Cuatro días después de la renuncia de Pérez hubo elecciones presidenciales dentro de un gobierno interino. La expectativa ciudadana registrada en la Encuesta Libre y en entrevistas en centros de votación era la misma que dos décadas atrás: un gobernante con total sentido de la transparencia, compromiso con la probidad y acciones coherentes en favor de la cuentadancia. Llegó Jimmy Morales y después el actual mandatario, cuyas calificaciones ante la ciudadanía se desplomaron desde la esperanza hasta la más rotunda decepción.