Un reciente ultimátum del gobierno salvadoreño dirigido a prestamistas ilegales colombianos motivó al Ministerio de la Defensa guatemalteco a anunciar operativos para frenar el ingreso de esos usureros al país. Parece bien intencionado y quizá hasta proactivo, pero el efecto se pierde al constatar que al menos desde 2017 se han denunciado exacciones perpetradas por estas bandas que se dedican a ofrecer préstamos inmediatos e incluso a forzar a pequeños comerciantes a recibir montos dinerarios que luego deben comenzar a pagar, en cuotas diarias, con altísimos intereses.

Tales gavillas, frecuentemente integradas por individuos de acento colombiano, pero en las cuales también se ha detectado a miembros de otras nacionalidades, actúan a plena luz del día. Operan con total descaro en áreas marginales metropolitanas en zonas urbanas de la provincia. Acechan a sus víctimas en puestos de mercado, tiendas, tortillerías, panaderías, talleres artesanales. Emplean un engañoso tono amistoso inicial que más temprano que tarde se torna intimidante. Amenazan, insultan, golpean en un acoso interminable que conduce a los pequeños emprendedores a una situación desesperada de total indefensión.

Los primeros reportes en Guatemala de la modalidad de usura denominada “gota a gota”, por los pagos diarios, data de 2017. En Mixco, Guatemala, se denunciaron nuevos casos de este tipo de exacción en 2019 y el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ofreció investigar e intensificar los patrullajes. El 23 de enero de 2020, en la primera semana del período Giammattei Falla, fue capturado un ciudadano colombiano relacionado con este negocio y se ofrecieron nuevas pesquisas.

En tres años y medio, desde entonces, los usureros han hecho aún más compleja y extendida su operación. Contratan a jóvenes desempleados para que hagan la función de cobradores, En otras palabras, los convierten en señuelos descartables ante eventuales operativos policiales. Esencialmente los atraen con jugosas comisiones por hacer rondas diarias en domicilios, tiendas e incluso tortillerías. En algunas ocasiones van acompañados de un escolta armado, lo cual incluso podría dar la apariencia de que se trata de un cobro de una entidad legalmente constituida y que supuestamente se protege de la delincuencia. Quizá en todo caso se anticipan a la competencia o represalias de mafias locales.

Queda claro que este tema no debe utilizarse para estigmatizar a ningún grupo por su nacionalidad y mucho menos para tratar de aprovecharlo politiqueramente. La acción desfachatada de estas bandas en ciertos municipios de la Costa Sur permite suponer colusiones con ciertos elementos de la autoridad a cambio de cohechos. Arrestos efectuados desnudan tal posibilidad, dado que los individuos suelen ofrecer fuertes sumas de dinero a agentes responsables que las han rechazado.

Por otro lado, no se trata de un problema de un solo país, pues esas redes de lavado de dinero están obviamente ligadas con el narcotráfico. Se necesita de inteligencia y acción transnacional para rastrear los flujos de efectivo, las rutas físicas de traslado y a los cabecillas de grupos locales y regionales. Allí es donde deja mucho que desear el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, quien, en lugar de actuar como usualmente presume, les avisa a los delincuentes para que huyan y le traslada ciegamente el problema a otros países, aunque en algún tiempo retornen.