El próximo jueves 13 de octubre se cumplirán tres años del inédito plazo añadido al período constitucional de los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones debido a la combinación de irresponsabilidad, indolencia y la nefanda exposición de pactos convenencieros para traficar favores e influencias. Es necesario recordar que el proceso de elección de nueva CSJ se vio interrumpido al destaparse en el 2019, con fotos y videos, los ilícitos cabildeos que efectuaban candidatos, diputados, abogados y hasta magistrados con afanes de reelección.

Las acciones emprendidas por el Ministerio Público, ya encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, fueron decisivas para atajar el viciado proceso y poner en evidencia a varios operadores que buscaban colocar alfiles o más bien peones en el aparato de justicia. Los indicios exhibieron las reuniones de personajes como el exsecretario privado Gustavo Alejos, bajo arresto en un sanatorio de la zona 2 y cuyas ramificaciones alcanzaron al entonces rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, y al exrector Estuardo Gálvez, así como a varios integrantes de la comisión postuladora de candidatos a magistrados: un abyecto alambique para convertir a la justicia en marioneta.

Los procesos emprendidos tuvieron efectos como el inicio de las causas judiciales por el caso Comisiones Paralelas; el anterior Congreso heredó la tarea de la elección de magistrados a la actual legislatura. Pero hay una diferencia: tal designación se debe efectuar ahora mediante voto razonado de congresistas de viva voz, por cada uno de los magistrados electos, a fin de hacer públicos sus apoyos. Así lo ordenó la Corte de Constitucionalidad por el principio de que todos los actos de gobierno deben ser públicos.

El Congreso, bajo las presidencias de los diputados oficialistas Allan Rodríguez y Shirley Rivera, con el apoyo de conocidas bancadas adláteres, ha jugado una especie de repetitiva simulación: se programa la elección como punto de agenda de sesiones del pleno, pero estas interrumpen cuando están por abordarse las designaciones. A tres años de repetirse tal juego se marca un obvio patrón de evasiva. Sin embargo, al eludir la obligación de elegir magistrados, los oficialistas rayan en un flagrante incumplimiento de deberes, sobre el cual el Ministerio Público debería pronunciarse, así como lo hiciera en el 2019.

Es inevitable recordar que la actual CSJ fue producto del contubernio entre los extintos partidos Patriota y Líder, cuyos diputados al amparo del secretismo y la nocturnidad votaron por listado completo, con la venia de sus, entonces, poderosos dirigentes y presidenciables. El propio excandidato Manuel Baldizón describió, en una nota manuscrita, la manera en que acudió a una reunión en el 2014 con los 13 magistrados, aún no nombrados, pero ya seleccionados, quienes habrían jurado lealtad y deuda política con sus electores.

Es una vergüenza institucional la incapacidad legislativa de elegir magistrados. En el 2020 se argumentó que votar de viva voz sería un proceso largo, pero si lo hubiesen abordado, hace rato habrían terminado. Si el atraso es deliberado se podría deducir una posible complicidad para alargar magistraturas extemporáneas. En todo caso, la proximidad del año electoral coloca a la vista del ciudadano todas sus acciones y omisos. Los diputados deben comenzar a elegir magistrados de justicia sin más dilación ni secretismos ni pretextos y así responder por sus apoyos. Las urnas son inminentes y sus curules están en juego.