En un proceso electoral plagado de discrecionalidades y relativismos, de candidatos no idóneos cuya postulación obviamente debió negarse pero siguen participando, de negligencias de funcionarios registrales, de intentos por vedar el acceso a la reuniones con fiscales y de amparos —o desamparos— judiciales que agravan la incertidumbre, la ciudadanía guatemalteca sigue siendo el mejor y el único bastión de dignidad que le resta al proceso electoral, en dos formas: la asistencia a las urnas y el voluntariado de las mesas receptoras de votos y las juntas encargadas de centros de votación, juntas electorales municipales y juntas electorales departamentales.

A principios de noviembre último se frenó el intento por cambiar el método de digitación de resultados de las actas de mesas electorales. Se había planteado enviarlas a un centro de cómputo para que allí se ingresaran los datos, lo cual generó rechazo, pues el método confiable ha sido que cada mesa cierra su acta física, se transmiten los datos y se digitaliza la misma, que se coteja con el original, remitido posteriormente al TSE para confirmar datos.

En este proceso también existe una tercera forma de participación ciudadana, a través de los fiscales de mesa de los partidos, cuya función es atestiguar y auditar todas las acciones de la junta receptora de votos, incluyendo el conteo de los sufragios, con la posibilidad de presentar impugnaciones. Los resultados de cada mesa son firmados por los integrantes de mesa, pero también por los fiscales presentes, un triple filtro que en ocasiones puede atrasar el cotejo y la oficialización, pero cuyas observaciones siempre quedan anotadas para posterior revisión, a fin de ser confirmadas o desechadas.

Más de 10 mil integrantes de juntas receptoras de votos, 350 supervisores y 123 coordinadores fueron juramentados ayer por el Tribunal Supremo Electoral. Son ciudadanos de todas edades, pero cabe destacar que hay muchos jóvenes involucrados en este servicio público, que demanda tiempo para capacitación y total dedicación durante el fin de semana de la jornada electoral. Mucho antes que salga el sol, estos ciudadanos ya se encuentran en los centros de votación.

En este año 2023 se cumplieron 40 años de la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas, que continúan siendo pilares del proceso democrático. Las actuales elecciones se efectúan bajo una Ley Electoral reformada de manera chapucera en el 2016, algo que deberá abordar y corregir el próximo congreso, para hacerla menos laxa para los partidos en cuanto a su financiamiento y a la posibilidad de participar en el debate público bajo el amparo de la libertad de expresión.

Sin embargo, más allá de la demagogia politiquera, del cortoplacismo partidario, del sistema electrónico adquirido para transmitir los datos o de las deficiencias, relativismos o conflictos de interés de los actuales encargados del TSE, el próximo 25 de junio habrá decenas de miles de ciudadanos a cargo de la custodia cruzada de los votos de más de nueve millones de compatriotas. Ya solo falta un ejercicio reflexivo, crítico, responsable y, sobre todo, libre del sufragio, que ha sido, es y debe seguir siendo secreto.